Santo Domingo.– El Ministerio Público solicitó al Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional medida de coerción y enviar a juicio de fondo a siete implicados en la agresión ocurrida el pasado abril en el Canódromo a una comisión encabezada por el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y periodistas.
La medida de coerción consiste en el pago de una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica.
La Fiscalía del Distrito Nacional depositó el 5 de agosto en la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción la acusación formal contra los siete implicados.
Los acusados son Ysabelita de los Santos Pérez, quien en el momento del suceso era encargada del Centro de Retención Vehicular o Canódromo; Geraldina de los Santos Peña, Marisol Vargas, Nataniel Javier, Starling Ramírez Sierra, Ronny Recio Rosario y Carlos Oliver Borque Paulino.
Las fiscales establecen que los imputados agredieron a las víctimas, tanto de manera física como verbal, cuando se dirigían al despacho de Los Santos, de la Dirección General de Seguridad y Transporte Terrestre (Digesett).
La visita del Defensor del Pueblo había sido anunciada y los miembros de su equipo estaban identificados con chalecos y gorras de la institución.
La inspección se produjo después de denuncias en medios de comunicación del mal estado de las instalaciones del depósito, donde permanecen almacenados miles de automóviles y motocicletas que han sido confiscados a sus propietarios.
