Miami. – Un juez de Florida (EE.UU.) dio un plazo máximo de 20 días al gobierno de ese estado para mostrar los registros públicos solicitados por una organización no partidista y asociados a los vuelos con unos 50 inmigrantes venezolanos enviados por el gobernador estatal, Ron DeSantis, a la isla Martha’s Vineyard, en Massachusetts.
El juez de circuito J. Lee Marsh, del condado de Leon, dictaminó que la Administración de DeSantis no cumplió con la ley de registros públicos solicitados por The Florida Center for Government Accountability (Centro de Florida para la Responsabilidad Gubernamental), según dio a conocer este martes en Twitter su director, Michael Barfield.
«Se reivindicó el derecho de acceso del público. El gobernador no es inmune a rendir cuentas», recoge CBS4 sobre la reacción de Barfield al conocerse el fallo.
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El pasado 10 de octubre, el grupo no partidista de Florida ingresó una querella en una corte del condado de Leon, en el noroeste del estado, tras haber solicitado al gobierno estatal que haga públicos las comunicaciones telefónicas y los mensajes que DeSantis tuvo con su jefe de equipo, James Uthmeier, sobre los dos vuelos chárter con migrantes desde Texas hasta la popular isla de Massachusetts.
En los pedidos, hechos entre el 20 y 21 de septiembre, el grupo solicitó también, bajo la ley floridana de registros públicos, las comunicaciones que el gobernador pudo haber mantenido con su homólogo tejano, el también republicano Greg Abbott.
El juez Marsh argumentó que la oficina de DeSantis no mostró «ningún paso o pasos directos tomados para recopilar lo que este tribunal considera registros públicos», relacionados con negocios estatales y realizados en dispositivos personales.
Los registros
Marsh señaló que los registros telefónicos o de texto solicitados podrían proporcionar información sobre las comunicaciones del jefe de equipo de DeSantis sobre los vuelos.
La demanda, presentada por los abogados Andrea Flynn Mogensen y Matthew Farmer, señala que la oficina del gobernador hizo públicos unos documentos sobre este polémico traslado de indocumentados, pero agrega que no corresponden a la información que el grupo ha solicitado a través de la vía judicial.
El pedido hecho por esta organización supone la tercera demanda que enfrenta DeSantis tras el transporte desde San Antonio, en Texas, hasta Martha’s Vineyard, con una escala en un aeropuerto del noroeste de Florida.
Parte de la controversia se centra en que la Administración de DeSantis usó dinero público para financiar los dos vuelos del 14 de septiembre, que partieron desde San Antonio, Texas.
A principios de octubre, varios legisladores demócratas, en el Congreso de Florida, pidieron al Gobierno de EE.UU. que inicie una investigación para determinar si DeSantis violó la ley; cuando el mes pasado envió a solicitantes de asilo desde Texas a Massachusetts en aviones pagados con dinero público.
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