Buenos Aires .- Las primeras testigos citadas por la Fiscalía que investiga la denuncia por violencia machista contra el expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023) por parte de su expareja, Fabiola Yáñez, identificaron este jueves a la ex primera dama como víctima, aunque dijeron no haber presenciado episodios de violencia física.
Los tribunales federales de Comodoro Py fueron hoy el epicentro de un día clave para el caso contra el exmandatario, con la declaración de dos de los seis testigos citados por el fiscal Ramiro González en esta fase aún de investigación.
La jornada comenzó temprano, cuando la periodista Alicia Barrios acudió a las 10:30 horas (13:30 GMT) a los tribunales ubicados en el centro de Buenos Aires, donde la esperaban numerosos medios de comunicación.
Barrios, que según Yáñez conocía bien el día a día de la pareja en la Quinta de Olivos (residencia presidencial situada en la provincia de Buenos Aires) y estaba al tanto de las supuestas agresiones, brindó declaración durante dos horas.
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En su testimonio, según informaron medios locales citando fuentes judiciales, la periodista confirmó que existía «violencia emocional» y «maltrato psicológico» por parte de Fernández contra su expareja.
Consultada sobre si fue testigo de episodios de violencia física, explicó que no, algo que ya había señalado días atrás durante una entrevista televisiva, durante la cual aclaró, sin embargo, que «no hacía falta» observar esos episodios porque «el destrato» era evidente.
Concluido el testimonio de Barrios, fue el turno de María Cantero, quien ocupara el cargo de secretaria de Fernández durante sus años en la Presidencia y que entró a las 12:30 horas (15:30 GMT) por una puerta trasera del edificio para eludir a las cámaras.
La declaración de Cantero es clave en este caso, tanto por su cercanía a Fernández como por el hecho de que las fotos y mensajes de texto que llevaron a la denuncia contra el expresidente fueron hallados en su teléfono móvil, en el marco de una investigación por posible tráfico de influencias del exmandatario en la contratación de seguros.
Además, Yáñez indicó recientemente que Cantero estaba al tanto de las supuestas agresiones físicas, pues ella misma se lo había comentado.
La exsecretaria del presidente reconoció durante su testimonio que los mensajes de texto entre ella y Yáñez que detallaban las agresiones eran verídicos aunque, consultada sobre si abordó esta cuestión con Fernández, explicó que no lo hizo «porque era una cuestión de la vida privada».
Según medios locales, Cantero confirmó también durante su declaración, que se extendió por unas tres horas, la veracidad de las fotos de Yáñez presuntamente golpeada halladas en su móvil y calificó a la ex primera dama de «víctima».
Tras los testimonios de este jueves, las declaraciones de los testigos continuarán el 26 de agosto, día para el que está citado Daniel Rodríguez, encargado de la residencia presidencial durante el mandato de Fernández.
Además, la Fiscalía citó también a Sofia Pacchi, amiga de Yáñez; Federico Saavedra, extitular de la Unidad Médica de la residencia presidencial; y Miriam Yáñez Verdugo, madre de Fabiola.
La declaración de Saavedra está prevista para el 5 de septiembre, mientras que la Fiscalía espera la autorización de la Justicia española para que la madre de la ex primera dama brinde testimonio en el Consulado argentino en Madrid -ciudad donde reside junto a su hija y su nieto-.
Hasta el momento no se ha fijado fecha para la declaración de Pacchi.
Tras la denuncia de Yáñez el 6 de agosto, el fiscal imputó la semana pasada a Fernández por el posible delito de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de violencia de género y de amenazas coactivas en perjuicio de su expareja.
En su dictamen, González afirmó que Yáñez «sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar», asentado «sobre una relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como presidente», en 2019, y «el ejercicio del cargo», hasta diciembre pasado.