Santo Domingo.– El juez de la Instrucción de Jimaní, Paco Terrero Pérez, aplazó hoy para el miércoles venidero la audiencia que conocía el pedido de prisión preventiva solicitado por Ministerio Público contra dos funcionarios migratorios y otras cinco personas por supuesto tráfico de personas.
El magistrado tomó la decisión luego de acoger una petición en ese sentido de los abogados de los encartados, quienes solicitaron más tiempo para analizar el expediente y preparar los presupuestos de defensa, afirmó el Ministerio Público en un documento.
Los imputados son Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo de Jimaní, provincia Independencia, de la Dirección General de Migración; el inspector de ese organismo, Johan Rosario Castillo, así como Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán, Delson Manuel Medina Díaz, Dominga Guzmán, Deivi Nova Reyes y Juan Mateo Feliciano (Yefo).
El grupo es acusado de trata de personas y las autoridades han señalado a Méndez Pérez como el supuesto cabecilla del grupo.
La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) puso en marcha el miércoles pasado la operación Iguana, con la ejecución simultánea de nueve allanamientos en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales.
Durante la operación, el Ministerio Público arrestó a los involucrados y ocupó como presuntas evidencias siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116,000 pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma de fuego.
La PETT aseguró que Méndez Pérez distrajo el dinero y las evidencias que colectaron las agencias de seguridad del Estado, en ocasión del arresto de personas por la comisión del ilícito de tráfico de personas.
Además, de que distrajo las multas que cobró en el puesto de chequeo fronterizo de Jimaní, fronterizo con Haití, desde donde procedían las personas que hacía ingresar al país de manera irregular.
Los demás acusados, según las autoridades, actuaban en contubernio con Méndez en perjuicio de la integridad personal y libertad de ciudadanos extranjeros, la seguridad del Estado dominicano y la buena administración pública.
