Quito.- El abogado Carlos Poveda, integrante del equipo legal de Julian Assange, aseguró este martes que su cliente «sigue siendo ecuatoriano» y que aún le quedan argumentos para impugnar la decisión del Supremo británico, que desestimó un recurso que buscaba evitar su extradición a Estados Unidos.
Miembro del equipo internacional de defensa del fundador de WikiLeaks, que encabeza el exmagistrado español Baltasar Garzón, este letrado ecuatoriano sostuvo que lo que desestimó la alta instancia judicial británica «simplemente es un argumento, no todos, porque aún hay argumentos pendientes de resolución».
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El lunes fue rechazado un recurso de la defensa de Assange contra la decisión del Superior británico de autorizar la extradición, y ahora el expediente será remitido a la ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel, quien tendrá que autorizar o negar su entrega a EE.UU., aunque nuevos recursos podrían ralentizar ese proceso
NUEVOS ARGUMENTOS JUDICIALES
«La defensa británica lo que hará es exponer nuevamente argumentos relevantes que no se habían analizado en el Supremo. Esto podría llevar de tres meses a un año. Por lo tanto, no hay vía abierta todavía», defendió Poveda, quien este martes mantuvo una conversación con sus colegas en Reino Unido para coordinar posiciones.
El australiano de 50 años, que cumple prisión preventiva en la cárcel londinense de Belmarsh, aún podría recurrir a la jueza de primera instancia del caso sobre «argumentos relevantes», que no han sido abordados aún relativos a la libertad de expresión, los cargos establecidos por la Fiscalía estadounidense, o la posible pena de 175 años de cárcel que podrían imponerle en ese país, adujo Poveda.
«La estrategia será agotar todas las instancias», insistió el abogado ecuatoriano, quien no descarta, por otro lado, que la ministra británica del Interior finalmente se oponga a la extradición, o que, caso contrario, puedan recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
También expresó su preocupación ante el deterioro físico de Assange, que solo recibe una hora de luz solar al día, y argumentó que su situación familiar actual y arraigo en Reino Unido hacen improbable el riesgo de fuga, uno de los argumentos esgrimidos por las autoridades británicas para continuar con su detención.
«No entendemos que, enfrentando un tema de extradición, tenga que estar privado de la libertad en una de las cárceles de mayor seguridad, y en condiciones totalmente deplorables. Es irracional», condenó.
Estados Unidos requiere a Assange para procesarle por 18 delitos de espionaje e intrusión informática relacionados con las filtraciones de su portal WikiLeaks, que en 2010 y 2011 expuso abusos de ese país en el centro de detención de Guantánamo (Cuba), así como presuntos crímenes de guerra en Irak y Afganistán.
RAMIFICACIÓN ECUATORIANA
El caso Assange, que estuvo casi siete años asilado en la Embajada de Ecuador en Londres y en 2017 fue nacionalizado ecuatoriano, tiene ramificaciones en el país andino que le retiró la protección internacional en abril de 2019, lo que permitió que las autoridades británicas lo detuvieran.
«Ecuador está en medio de este tema», valoró Poveda al recordar que la Justicia de este país retiró la nacionalidad a Assange en 2021, decisión que fue recurrida y que aún debe resolver la Corte Nacional.
Hasta entonces, aseguró, el australiano tiene doble nacionalidad y «sigue siendo ecuatoriano»; en virtud de la Constitución de un país que, a su juicio, debería ofrecerle asistencia consular.
La otra arista es la denuncia por espionaje que se habría realizado en el interior de la sede diplomática ecuatoriana durante el asilo de Assange; proceso que se sigue en la Audiencia Nacional de Madrid y que podría involucrar a exfuncionarios ecuatorianos; caso que aseguró que «está muy avanzado».
«Ecuador no deja de ser una arista muy importante porque nosotros sostenemos que hubo un acuerdo entre EE.UU., Reino Unido y Ecuador»; según el cual se habría justificado la salida de Assange por la fuerza de la Embajada ecuatoriana, su aprehensión por parte de la Policía británica y su entrega a Estados Unidos»; volvió a insistir el abogado.
Poveda también consideró que este caso judicial es «político» porque sostiene que «la lucha por la defensa de Assange no es individual; es una lucha por todos ustedes, hoy más que nunca; la libertad de expresión debe estar asegurada».