Santo Domingo. – El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó la revisión obligatoria a la medida de coerción contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y otros implicados en el caso Medusa.
La jueza Altagracia Ramírez de la Cruz dispuso la continuación de la audiencia para el martes 29 de marzo a las 9:00 de la mañana.
En la audiencia se conoció la solicitud del Ministerio Público de obtener cuatro meses más para presentar acusación por supuesta corrupción contra el exprocurador y otros imputados en el caso.
La acusación pidió que se ratifiquen las medidas de coerción a los imputados y que el caso se declare complejo.
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De su lado, la directora de Persecución de la Procuraduría General de la República, Yeni Berenice Reynoso, justificó esta solicitud de ampliación en la necesidad de recibir informaciones solicitadas a personas físicas y jurídicas; así como a instituciones, que aún no han proporcionado a la acusación la documentación requerida.
También acusó al exprocurador de intentar intimidar a testigos, interponer querellas y recusar a los fiscales del caso para entorpecer el proceso de investigación del Ministerio Público.
Los abogados de la defensa se opusieron a esa prórroga de cuatro meses, puesto que el Ministerio Público ha afirmado que cuenta con un caso consistente, igual que rechazó la declaratoria de complejidad del proceso.
Asimismo, argumentaron en contra del mantenimiento de medidas de coerción contra los acusados, que en el caso de Rodríguez y otros dos de los procesados es de prisión preventiva, afirmando que las medidas cautelares no tienen sentido procesal.
Defensa de Jean Alain
Para Berenice, «los riesgos procesales en este caso son enormes. Han existido pocos procesos en que un imputado ha torpedeado más la investigación como en el caso de Jean Alain Rodríguez», dijo Carlos Balcárcel.
Además de a Rodríguez, el expediente señala como implicados a Javier Alejandro Forteza Ibarra y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert; que cumplen 18 meses de prisión preventiva desde el pasado año.
Mientras que Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado cumplen arresto domiciliario; a Miguel José Moya le fue impuesta garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
El grupo está acusado de integrar, presuntamente, el entramado de corrupción desarrollado durante la gestión de Rodríguez en el período 2016-2020.
De acuerdo con el expediente, los imputados integraron una supuesta red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General; que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano más de 6,000 millones de pesos.
