Bogotá.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) estudiará una ponencia de dos magistrados que recomienda formular cargos contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, por la presunta financiación irregular de su campaña, decisión que el mandatario calificó como el inicio de «un golpe de Estado».
La ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada, ex congresista del partido derechista Centro Democrático, y Benjamín Ortiz, exsecretario general del CNE, también pide formular cargos contra Ricardo Roa, presidente de la petrolera estatal Ecopetrol y que fue gerente de campaña de Petro en 2022.
El documento será discutido por los nueve magistrados del CNE en una sesión de sala plena, en la que decidirán si la admiten para seguir adelante con el proceso, para lo que necesitan los votos de al menos seis magistrados, o si, por el contrario, lo archivan.
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La decisión del CNE irritó a Petro, que en un discurso incendiario en Cartagena de Indias llamó a un levantamiento popular en su defensa porque considera que se ha roto «el orden constitucional».
«Millones de colombianos tienen que salir a las calles, los invito, les solicito, independientemente de qué pase conmigo, a rodear pacíficamente los centros del poder en Colombia hasta que se restablezca el orden constitucional en este país», expresó.
El caso contra la campaña presidencial de Petro arrancó en febrero de 2023 cuando el CNE decidió abrir una indagación preliminar por presuntas irregularidades en su financiación con base en una «queja anónima».
El organismo explicó entonces que la queja fue presentada por «presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial» del Pacto Histórico, la coalición de izquierdas que llevó Petro a la Presidencia en 2022″.
Petro manifestó que lo sucedido hoy es el inicio de «un golpe de Estado», pues la «Constitución dice que el presidente de la República no puede ser juzgado por una entidad diferente a la Comisión de Acusaciones (de la Cámara de Representantes)».
«¿Por qué dos entes pertenecientes a un ente administrativo han dicho que levantan cargos contra el presidente? Eso es profundamente inconstitucional y es el inicio de un golpe de Estado en Colombia», afirmó el mandatario.
El exmagistrado del CNE Alfonso Portela explicó a Noticias Caracol que en el caso del presidente, «le corresponde a la Comisión de Acusaciones tramitar todo lo relacionado con la eventual responsabilidad del mandatario frente a la financiación de la campaña».
«Pero el alcance del Consejo Nacional Electoral llega únicamente a la parte de instrucción e investigación. Quiere decir que será la Comisión la que deba seguir adelantando todo lo relacionado con la eventual responsabilidad» del presidente, agregó Portela.
Por eso, Petro insistió: «Si el pueblo dice más adelante, más adelante iré sin ningún temor, sin ningún miedo, iremos hacia donde el pueblo colombiano ordene», recalcó.
El CNE rechazó las declaraciones del mandatario, que considera que ponen en riesgo a sus magistrados.
«Las graves declaraciones contra los miembros de esta corporación quebrantan el normal funcionamiento del sistema democrático y ponen en riesgo a quienes están a cargo de tomar las decisiones en cumplimiento de sus funciones constitucionales», señaló el CNE en un comunicado.
La ponencia de los dos magistrados del CNE dividió opiniones en el país.
El expresidente Andrés Pastrana (1998-2002), enconado opositor del mandatario, escribió en X: «Gustavo Petro, el golpe lo inició usted con el ingreso de dineros ilícitos a su campaña y la evidente violación de los topes electorales fijados por ley».
«El golpe a la democracia continúa con la rampante corrupción en su Gobierno», añadió Pastrana.
Por su parte, Alejandro Gaviria, quien fue el primer ministro de Educación de Petro y ahora es uno de sus mayores contradictores, afirmó: «Si cualquier investigación (cualquiera) se rechaza y (se) señala como un ‘golpe blando’, la pretensión del presidente Petro es evidente: impunidad absoluta. Quiere ponerse por encima de la ley».
Aliados del presidente criticaron la decisión al considerar que supone un «evidente intento de un quiebre institucional y un posible golpe de Estado jurídico», como lo manifestó la senadora oficialista María José Pizarro.
«El magistrado Prada, procesado actualmente por graves delitos, elegido en el CNE (…) y con un claro sesgo político e ideológico contra el presidente Petro y nuestro proyecto político, ¿busca ahora sumir a Colombia en una crisis institucional sin precedentes?», señaló la congresista en sus redes sociales
