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BARCELONA. – La Audiencia de Barcelona dispuso la reapertura de una investigación contra el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y el vicepresidente de la entidad, Rafael Yuste, tras admitir una querella presentada por una inversora que denuncia haber perdido 100.000 euros en proyectos vinculados a ambos directivos.
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La decisión judicial revierte el archivo previo del caso, ordenado por el Juzgado de Instrucción número 22, y obliga ahora a practicar nuevas diligencias para determinar si la denunciante fue víctima de lo que el tribunal califica como un posible “negocio criminalizado”.
La querellante, representada por el abogado Pepe Oriola, también dirige acusaciones contra el economista Xavier Sala i Martín, exdirectivo del club, así como contra el exdirector de TV3 y antiguo propietario del CF Reus Deportiu. Además, reclama responsabilidades a las sociedades en las que hizo la inversión que asegura haber perdido.
Una serie de querellas similares
Esta causa se suma a tres querellas anteriores relacionadas con inversiones en la sociedad con sede en Hong Kong CSSB Limited, caso en el que Laporta ya había declarado como investigado el pasado mes de enero ante otro juez de Barcelona.
La querella ahora reabierta fue desestimada inicialmente en junio, luego de que la Fiscalía concluyera que no existían indicios claros de engaño, atribuyendo el fracaso de la inversión a una gestión deficiente y al incumplimiento de acuerdos contractuales.
Sin embargo, la Audiencia advierte que los archivos previos se produjeron sin agotar las diligencias necesarias, calificando esas decisiones como “prematuras”.
Posibles indicios de delito
El tribunal señala en su resolución que la querella describe hechos que podrían tener “trascendencia delictiva”, destacando:
- Falta de información precisa sobre el destino real de los fondos.
- Uso de sociedades con graves problemas económicos para canalizar la inversión.
- Captación de capital basada en la reputación pública de los implicados.
- Promesas de solvencia empresarial que no se ajustaban a la realidad.
- Acuerdos presentados como participaciones o préstamos participativos que, en la práctica, funcionaban como simples préstamos.
Estos elementos, según la sala, podrían exceder el ámbito del derecho civil y apuntar hacia conductas compatibles con una estafa o administración fraudulenta.
La causa volverá ahora a instrucción para completar la investigación y determinar si los hechos ameritan un procesamiento formal de los involucrados.
