Santo Domingo.- La solicitud de medida de coerción contra los imputados de la Operación Gavilán, mafia que operaba dentro del Ministerio Público, cobraba RD$8000 y RD$15,000 pesos por borrar antecedentes penales.
La solicitud también establece que este grupo, conformado por 12 empleados y fiscales del Ministerio Público, se asociaron con exmiembros de la Policía Nacional, a quienes eliminaron antecedentes penales graves y los integraron a formar parte de la red criminal.
También detalla que en la red criminal se integraron parejas, familiares y relacionados para hacer los movimientos financieros del dinero producto del soborno recibido y así evitar la persecución por parte de las autoridades.
El Ministerio Público sostiene que este grupo trabajó de manera organizada y sistemática en el tiempo, con una clara división de roles, teniendo la red todas las características propias de las organizaciones que pertenecen al crimen organizado.
También, que utilizaron un esquema fraudulento por años, pero que perfeccionaron a partir del 2018, donde incrementaron sus actividades de manera significativa a través de lo que denominaban “La vuelta”.
Dice la solicitud de medida de coerción, que estos empleados y fiscales adquirieron bienes y servicios con el dinero producto de la eliminación o adulteración de registros penales en todo el país.
Igualmente, que realizaron transferencias millonarias adulterando los conceptos de las transferencias para disfrazar el objeto ilícito de la misma.
El Ministerio Público puso en marcha, en la madrugada del pasado martes, la Operación Gavilán contra de una red integrada por fiscales, empleados administrativos y policías que tenían una estructura nacional que se dedicó durante años a eliminar miles de antecedentes penales a cambio de sobornos.
Un equipo de fiscales, en conjunto con unidades especiales de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), realizaron allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís contra los integrantes de la red que borraban antecedentes penales relacionados con diversos delitos, como el narcotráfico, asesinatos, robos, homicidios o violaciones sexuales.
En los allanamientos fueron arrestadas 12 personas, incluyendo a un miembro de la Policía Nacional, empleados administrativos y técnicos de la Procuraduría General de la República y un expolicía.
