sábado, noviembre 30, 2024

Destituciones y suspensiones de funcionarios del Gobierno en el 2023

El presidente Luis Abinader se ha caracterizado por desvincular del tren gubernamental a aquellos funcionarios que se han visto involucrados en temas de presunta corrupción o controversias que afectan su gestión. 

Entre licencias, destituciones y renuncias, más de 30 de los servidores del Estado que iniciaron al lado del mandatario ya no se encuentran en las filas de la administración pública.

Durante el 2023, Abinader destituyó a varios funcionarios, la mayoría por estar siendo cuestionados por alegadas irregularidades dentro de las instituciones que estaban a su cargo. 

PROMIPYME

Uno de los destituidos de este año fue el director del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PROMIPYME), Porfirio Peralta. El presidente Luis Abinader destituyó a Peralta tras verse envuelto en un escándalo por la venta de boletos para una rifa que buscaba recaudar «fondos para la campaña reeleccionista». 

La destitución de Peralta está contenida en el decreto 555-2. Peralta admitió en un programa que vendía unos boletos entre los servidores de la institución «que quieran participar».

Hugo Beras fuera del Intrant

Un escándalo que involucró al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) le costó el cargo a Hugo Beras, quien, luego del estallido de supuestas irregularidades en un contrato firmado con la empresa Transcore LATAM, S.R.L, pidió licencia del puesto. En su lugar, Abinader designó al coronel del Ejército Randolfo Oniel Rijo. 

Todo inició debido a la decisión de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) de suspender un contrato firmado por el INTRANT y Transcore LATAM, S.R.L, que buscaba mejorar el centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo, detallando que encontraron varias irregularidades.

Suspensión en el Acuario

Hace más de un año, medios de comunicación habían realizado varios reportajes en los que se expusieron las precariedades que atraviesa el Acuario Nacional. En un programa de investigación mostraron anomalías en las compras y contrataciones que evidencian un manejo poco eficiente de los recursos, como compras a sobreprecios y a empresas allegadas. 

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Además, periodistas denunciaron que acudieron ante la institución estatal buscando reacciones a lo expuesto y conocer los avances del remozamiento que, supuestamente, habría empezado en sus instalaciones y se les fue negada la entrada. 

Tras estos señalamientos, mediante el decreto 554-23, Abinader dispuso una suspensión provisional a Wanda García, directora de la entidad, por un plazo de 60 días renovables, de conformidad con el artículo 88 de la Ley número 41-08. El decreto también instruye a Milagros Ortiz Bosch, en su calidad de directora general de Ética e Integridad Gubernamental, y a Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas, a iniciar investigaciones pertinentes a las denuncias hechas sobre la administración del Acuario.

Cambio en la Armada RD

El 24 de agosto, Abinader destituyó al comandante de la Armada de la República Dominicana (ARD), vicealmirante Francisco Antonio Sosa Castillo. Mediante el Decreto 382-23, el jefe de Estado designó en el puesto a Agustín Alberto Morillo Rodríguez, quien mediante la misma disposición fue ascendido al rango de vicealmirante.

Mérido Torres reemplazado en Titulaciones

Meses después de que Mérido Torres solicitara licencia de cargo como director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), el mandatario designó una nueva persona en la entidad. 

Mérido Torres anunció el 4 de abril su solicitud de licencia, luego de que su nombre saliera a relucir en el denominado caso Calamar. Al frente de la institución quedó Duarte Méndez Peña como director ejecutivo interino.

Luz de Alba, ni en la Juventud, ni como vicecónsul

El 9 de marzo de este mismo año, Abinader dispuso la suspensión provisional del nombramiento de Luz Alba Jiménez Ramírez como vicecónsul en el Consulado de la República Dominicana en Barcelona, en el Reino de España. 

El mandatario tomó esta decisión a petición de la encargada de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, debido al proceso investigativo que se le sigue en torno a supuestos actos de corrupción en su anterior cargo en el Ministerio de la Juventud, del cual fue destituida.

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