Santiago de Chile.- La Cámara de Diputados hizo públicos este miércoles los resultados del primer test de drogas que se realizó a un grupo de parlamentarios elegidos por sorteo, y reveló que ninguno de los que se sometió a la prueba dio positivo.
El informe con la información también señala que hubo tres legisladores que no se practicaron el test.
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Dos de ellos pertenecen al oficialismo, la comunista Marisela Santibáñez y Clara Sagardía, ambas de Convergencia Social, partido en el que milita el presidente Gabriel Boric; y Jorge Durán, miembro de la coalición de derecha Chile Vamos.
Santibáñez y Sagardía fueron dos de las cinco diputadas que presentaron un recurso ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso que buscaba evitar la difusión de los resultados aduciendo que vulneraba garantías constitucionales, pero los tribunales rechazaron su petición.
El procedimiento, que se realizó en la Facultad de Química y Farmacéutica de la Universidad de Chile, se llevó a cabo en el marco de un nuevo reglamento interno que busca prevenir el consumo de sustancias y aumentar los estándares de transparencia en las labores parlamentarias.
Los exámenes consisten en una muestra de pelo para detectar restos de cocaína, cannabis, benziodiacepinas, opiáceos o anfetaminas.
En los próximos días deberán someterse a la prueba los 77 diputados restantes (de un total de 155) que no fueron elegidos en esta primera ronda.
La iniciativa, impulsada por la derecha, se aprobó el pasado julio por una amplia mayoría tras casi dos décadas de discusión, aunque parte de la izquierda critica que «vulnera el derecho a la vida privada».
Si alguno de los congresistas se niega a someterse al control, será sancionado por la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara.
La prueba será semestral y se aplicará al menos dos veces a cada parlamentario dentro su gestión de cuatro años.
En caso de que algún diputado dé positivo y no haya justificado su consumo, se le levantará el secreto bancario para evidenciar que no haya movimientos de dinero injustificables y evitar así delitos relacionados con el narcotráfico.
Los parlamentarios en cuestión deberán justificar las transacciones que hayan realizado en un mismo mes superiores a 28.000 dólares y, si no pueden hacerlo, serán sancionados con entre el 2 % y el 15 % de su dieta parlamentaria.
