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Advierten que la normativa impone cargas desproporcionadas que ponen en riesgo el empleo y la producción nacional
Santo Domingo, R.D. – La Confederación Dominicana de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Inc. (Codopyme), en representación de más de 60 asociaciones afiliadas, junto a la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, Inc. (ANEIH), la Unión Nacional de Empresarios, Inc. (UNE) y la Organización Nacional de Empresas Comerciales, Inc. (ONEC), interpusieron una Acción Directa de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra los artículos 5 y 16 de la Ley núm. 98-25, que modifica la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
Las organizaciones empresariales sostienen que los artículos impugnados imponen cargas económicas, técnicas y administrativas desproporcionadas, afectando de manera directa a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), lo que amenaza su sostenibilidad, la generación de empleos y la competitividad del aparato productivo nacional.
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El vocero del bloque empresarial, Fernando Pinales, presidente de CODOPYME, aclaró que las entidades respaldan plenamente la protección del medioambiente y la gestión responsable de los residuos, sin embargo, advirtió que la normativa establece una “contribución especial” calculada sobre los ingresos brutos, sin vinculación con la generación real de residuos. Según explicó, esta disposición ha provocado incrementos de hasta un 500 % en los tramos de menores ingresos, en comparación con la legislación anterior.
Asimismo, Pinales señaló que la ley vulnera la libertad de empresa, al obligar al pago de la contribución incluso a compañías inactivas, sin operaciones o sin generación de residuos, convirtiendo el tributo en una penalización por la mera existencia jurídica. Agregó que también afecta a sectores con márgenes regulados, que aunque presentan altos niveles de facturación, mantienen una rentabilidad neta mínima, comprometiendo su viabilidad económica.
Otro de los puntos cuestionados es la exclusión de las MiPymes de la comisión prevista en la Ley 98-25, lo que consideran grave e irrazonable, dado que este sector representa aproximadamente el 98 % del tejido productivo de la República Dominicana, vulnerando los principios de representatividad y participación efectiva.
Las asociaciones también denunciaron la ruptura del principio de igualdad y equidad tributaria, al tratar de la misma manera a empresas con realidades económicas distintas, sin considerar la capacidad contributiva ni la estructura de costos de las MiPymes, lo que, según indicaron, favorece indirectamente la concentración económica.
En cuanto al artículo 16, advirtieron que este impone auditorías anuales, certificaciones de biodegradabilidad y restricciones de importación, sin que se hayan presentado estudios de impacto económico, afectando la operatividad y competitividad de los pequeños y medianos industriales.
“Defendemos el medioambiente, pero no a costa de la quiebra de las MiPymes. Regular no puede significar asfixiar al que produce y genera empleo”, expresaron las entidades empresariales.
Finalmente, reiteraron su disposición al diálogo y a la construcción de soluciones sostenibles y técnicamente viables, aunque enfatizaron que no pueden guardar silencio ante disposiciones que ponen en peligro el derecho al trabajo, la libertad de empresa y la justicia tributaria.
Con esta acción constitucional, el bloque de más de 60 gremios empresariales busca proteger a los miles de hombres y mujeres que sostienen la economía dominicana, promoviendo un marco regulatorio equilibrado que permita avanzar en sostenibilidad ambiental sin sacrificar la producción nacional.
