Lima.- El Congreso de Perú declaró infundado un recurso de apelación presentado por el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) para que se le otorgue una pensión como ex jefe de Estado, informaron medios locales.
Una resolución emitida el 14 de mayo pasado, pero publicada este miércoles por medios locales, recordó que el Departamento de Recursos Humanos del Parlamento ya determinó que Castillo «se encuentra incurso en la suspensión del derecho a percibir la pensión para expresidentes» porque tiene una denuncia constitucional aprobada por el Congreso.
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Reiteró que, por ese motivo, el beneficio que plantea recibir queda «en suspenso» hasta que «no exista una sentencia judicial» que lo declare inocente en los delitos que se le imputan.
Castillo cumple una orden de prisión preventiva de 18 meses por el intento de autogolpe y otra orden de 36 meses de prisión preventiva mientras es investigado por presuntamente haber liderado una red corrupta en el Ejecutivo.
Al respecto, el abogado Walter Ayala, uno de los defensores del exmandatario, señaló al diario El Comercio que no se tuvo en cuenta que Castillo «tenía ya un derecho adquirido» y anunció que presentará una acción de amparo ante el Poder Judicial.
Castillo solicitó en abril pasado que se revise una primera decisión que denegó su pedido y aseguró que «fue vacado (destituido) de manera ilegal e inconstitucional» el 7 de diciembre de 2022 por el Congreso, tras haber intentado dar un autogolpe de Estado.
La ley peruana otorga una pensión vitalicia a los expresidentes, que actualmente llega a 15.600 soles mensuales (4.182 dólares o 3.890 euros), aunque suspende ese derecho al que haya sido acusado constitucionalmente por el Congreso, salvo que exista una sentencia judicial que declare su inocencia.
El Legislativo aprobó en febrero de 2023 una acusación constitucional contra Castillo y autorizó la formación de causa penal en su contra por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión.
El recurso que presentó el exmandatario se conoció poco después de que se informara que el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) también solicitó que se le entregue la pensión, así como otras prerrogativas, como seguridad y combustible.
En respuesta a esta petición, el procurador general de Perú, Javier Pacheco, confirmó que Fujimori le debe al Estado peruano 55 millones de soles (14,7 millones de dólares o 13,7 millones de euros) en concepto de la reparación civil que se le impuso durante los juicios por corrupción por los que fue condenado.
Pacheco enfatizó que Fujimori aún no ha «pagado ni un solo sol» de esta reparación y consideró que «no le correspondería» recibir una pensión, ya que también fue acusado por el Congreso y sentenciado por el Poder Judicial.
Fujimori abandonó en diciembre pasado la prisión en la que cumplía 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad luego de que el Tribunal Constitucional (TC) restableció el indulto que le otorgó en diciembre de 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
