Santo Domingo.- El inversionista canadiense Antonio Carbone afirmó este viernes que el expediente del caso Calamar, en el que presuntamente Sergio Moya (Gory) figura como el encargado de la red de cobros a bancas ilegales, es una muestra de que el actual legislador no puede ser candidato a ese cargo.
En ese sentido, el empresario solicitó al Tribunal Superior Electoral (TSE) fallar con relación al recurso de oposición presentado el 2 de este mayo ante ese organismo, con el que se busca impedir que Moya, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), participe como candidato a diputado por la circunscripción 3 del Distrito Nacional en los comicios de este domingo.
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«El legislador está para representar a la población que lo elige en el Congreso Nacional, que es donde se crean las leyes, y considero que en las actuales circunstancias Gory no puede representar a nadie», precisó Carbone en un comunicado.
La solicitud fue realizada a través de los abogados de Carbone Ysmael Molina Carrasco y Jafet Sánchez Mercado, quienes la dirigieron al presidente del TSE, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, y a los jueces titulares Juan Alfredo Biaggi Lama, Rosa Pérez de García, Pedro Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz.
El pedimento se fundamenta en presuntas acusaciones penales contra Moya de la Cruz, incluyendo su imputación en el caso Calamar, donde el Ministerio Público lo acusa de supuesta asociación de malhechores junto a ministros y otros funcionarios del pasado gobierno.
Además, el recurso contiene una denuncia pública por supuesta corrupción presentada contra Moya y 126 imputados más por alegados delitos de abuso de poder, chantaje, extorsión, falsedad de expedientes, asociación de malhechores y robo agravado, relacionados «con el robo y estafa» de un patrimonio superior a 580 millones de dólares perteneciente a la Familia Carbone.
La solicitud incluye, además, una denuncia pública de presunta corrupción del 26 de abril contra Moya y funcionarios del Ministerio Público por supuesto abuso de poder, extorsión, falsedad, asociación de malhechores y robo agravado, por presuntamente transferir bienes de Carbone en violación a dos sentencias definitivas e inamovibles del Tribunal Constitucional que ratifican órdenes de inmovilización de fondos sobre esos patrimonios.
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