La promulgación de un controvertido decreto emitido por la municipalidad de Santiago de Surco, uno de los 43 distritos de la provincia de Lima, la capital de Perú, que prohíbe a trabajadores informales limpiar los parabrisas de automóviles e impone multa a conductores que permitan esta actividad en la vía pública, ha desatado la polémica en el país suramericano.
El pasado fin de semana, el alcalde de Surco, Carlos Bruce, anunció que la medida se daba en respuesta a «hechos de violencia» registrados en Lima y que están relacionados con este tipo de actividades informales.
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Bruce detalló que el polémico decreto de la alcaldía, que impone además multas de 130 dólares a conductores que permitan que le limpien el parabrisas o el auto, y más de 460 dólares a los llamados ‘limpiavidrios’, ordena a los efectivos de la fuerza pública a que «físicamente erradiquen a las personas» que se dedican a «la actividad de limpiezas de parabrisas y lavadores de carros en la vía pública».
El alcalde comentó que los llamados ‘limpiavidrios’ agreden constantemente a los conductores porque llegan con actitud amenazante y lanzan agua con jabón sobre los vehículos sin permiso.
También detalló que cuando los conductores se niegan a pagar por un servicio que no desean, estas personas les enseñan piedras como amenaza para partir los parabrisas, o si les dan poco dinero, les rayan la pintura de los automóviles.
Los ‘limpiavidrios’
Bruce también argumenta que las personas que hacen esta labor informal «amenazan al patrimonio y a la vida humana», y por tal razón, la medida evita que ocurra una muerte en Surco relacionada con esa actividad, como ocurrió la semana pasada cuando un individuo que limpiaba vidrios, identificado por las autoridades como José Alberto Jirón Holder, apuñaló y asesinó a un chofer porque este se negó a que le brindara el servicio.
Este lunes, el Poder Judicial impuso ocho meses de prisión preventiva contra Jirón Holder.
Reacciones
Tras entrar en vigencia la medida, según reseñan medios locales, el ministro del Interior de Perú, Vicente Romero, manifestó su respaldo a la ordenanza en Surco; calificándola de «sumamente importante» y que contará con el apoyo del Gobierno.
Sin embargo, el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén dijo que esta actividad laboral informal no debería prohibirse y para mantenerla activa deberían realizar un censo.
Adrianzén instó a no estigmatizar a los ‘limpiavidrios’ porque «no todas las personas que se dedican a este oficio pueden ser calificados como presuntos asesinos».
