El Congreso de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó este viernes extender por vigésima tercera ocasión el régimen de excepción que suspende garantías constitucionales y que fue la principal carta propagandística del presidente Nayib Bukele de cara a las elecciones del 4 de febrero, de las que se autoproclamó ganador.
La medida, que también ha elevado la popularidad del mandatario, lo que le habría garantizado una aplastante victoria sobre sus oponentes, es implementada por el Gobierno desde finales de marzo 2022 tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas o maras.
La ampliación del régimen, por un período de 30 días, fue aprobada con 67 votos de los 84 diputados y ante críticas de la oposición.
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La diputada oficialista Dania González aseguró, previo a la votación, que gracias a esta medida El Salvador está rumbo a convertirse en el país «más seguro de todo el mundo» y señaló que «actualmente es el más seguro de toda la región latinoamericana».
«Aún falta mucho trabajo, por eso es necesario que el presidente Bukele siga dirigiendo al país y que tenga a esta Asamblea que le brinde gobernabilidad», manifestó.
La parlamentaria agregó: «estoy segura de que la población dio su voto por la seguridad y por el régimen de excepción. La población no quiere que los pandilleros regresen a sus comunidades a amenazarlos».
En contra de esta posición, la diputada opositora Claudia Ortiz dijo que el régimen de excepción no es una política integral de seguridad ciudadana sino la suspensión de tres garantías constitucionales de toda la población salvadoreña que pone «en riesgo» los derechos de la gente.
«El régimen de excepción ha dado la potestad a las autoridades para detener a cualquiera que exija sus derechos y para detener a cualquiera que hable con la verdad», señaló.
Ortiz recordó que esta votación se da el mismo día en que se cumplen cuatro años desde que el presidente Bukele irrumpió en la sede del Congreso con militares fuertemente armados para presionar por la aprobación de un préstamo para el Plan Control Territorial.
«El régimen de excepción es la aplicación de la lógica del 9F (9 de febrero) a la población salvadoreña honrada y trabajadora», acotó.
De acuerdo con los datos oficiales, desde marzo de 2022 suman más de 75.100 las detenciones de personas que el Gobierno acusa de ser pandilleros o colaboradores y de las que más de 7.000 personas habrían salido en libertad condicional.
Las organizaciones humanitarias registran más de 6.000 víctimas de atropellos, principalmente de detenciones arbitrarias, además de torturas, allanamientos sin orden e incomunicación con personas detenidas.
A juicio de la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI), esta medida ha llevado al país a una de «sus peores crisis» de derechos humanos desde el fin de la guerra civil (1980-1992) y a que la violencia estatal sustituya paulatinamente a la de las pandillas.
