Santo Domingo.- La familia Camacho Rivas solicitó este domingo al Ministerio Público una “urgente aclaración”, a través de un documento público, donde explique por qué realizó un allanamiento “por completo erróneo” a la vivienda de Carlos Camacho, uno de sus integrantes, en un residencial de esta capital.
Carlos Camacho es hermano del actual ministro de Deportes, Francisco Camacho, cuya residencia está ubicada en el Residencial Santo Domingo de la Zona Industrial de Herrera.
En un documento enviado a los medios, la familia Camacho Rivas puntualizó: “Después del allanamiento, donde los fiscales actuantes revisaron parte de la residencia sin encontrar documentos comprometedores, porque no los hay, estos aseguraron que se trató de un error”.
La familia agregó, en ese orden que los fiscales, sin presentar ninguna acta que avalara su actuación, se marcharon de la residencia donde solo viven Carlos Camacho y su esposa.
La familia Camacho Rivas recordó que hoy domingo se han producido movimientos judiciales donde se han hecho apresamientos de pasados funcionarios públicos, por lo que solicita que el caso de su integrante no se asocie, «bajo ninguna circunstancia», con esas pesquisas.
“Es bueno afirmar que ninguno de los miembros de la familia Camacho Rivas fue funcionario ni empleado de la pasada administración pública”, afirmó el documento.
Destacaron que la familia Camacho Rivas es una familia de personas honorables, que siempre han actuado apegadas a las leyes.
El documento refirió que los Camacho Rivas apoyan «sin reservas y con firmeza» las acciones emprendidas por la Justicia para enfrentar la corrupción y la impunidad en el país.
Operación Calamar
Esta aclaratoria se da en virtud de que El Ministerio Público puso en marcha la noche de este sábado la Operación Calamar, luego de una compleja investigación realizada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
En la operación se realizaron 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, en los que participaron 40 fiscales, donde apresaron al exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
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Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los imputados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
