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Lima.- Las últimas cinco familias que se resistían en Perú a abandonar el antiguo pueblo de Morococha ante la ampliación de la gran mina de cobre Toromocho, que opera la empresa china Chinalco, fueron desalojadas este viernes de sus casas a la fuerza, en un operativo con numerosos policías que impidieron el acceso a la zona a periodistas y miembros de organizaciones no gubernamentales.
Estas familias, que integran alrededor de quince personas, eran los últimos habitantes que permanecían en la Antigua Morococha después de que el resto de pobladores, alrededor de 5.000, se hayan asentado en Nuevo Morococha, la urbanización construida por la minera para reubicar a la población, en la andina región de Junín.
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Un numeroso contingente policial negó el paso a quienes buscaban documentar y supervisar el procedimiento de estos desalojos, ejecutados después de que un juez rechazara el último recurso presentado por las familias para evitar que fueran desahuciados.
"Este desalojo forzoso dictado por el Poder Judicial se consuma con total arbitrariedad, dejando a las familias en extrema vulnerabilidad y sin garantías para sus derechos", aseveró la Red Muqui, una alianza de 30 organizaciones que defienden los derechos de comunidades en las zonas mineras de Perú.
La reubicación del pueblo de Morococha, ubicado a 4.600 metros sobre el nivel del mar en la región andina de Junín, a unos 150 kilómetros de Lima, formaba parte del proyecto de ampliación de la mina de Toromocho aprobada hace una década atrás, para permitir que la explotación pasase a procesar de 117.000 a 170.000 toneladas de mineral por día.
El avance de la explotación minera ha hecho que actualmente el enorme tajo a cielo abierto estuviese ya a pocos metros de las viviendas que conformaban esta localidad.
Uno de los afectados por el desalojo, Elvis Atachahua, narró entre lágrimas que las puertas de algunas casas fueron forzadas para retirar las pertenencias de sus propietarios, y aseguró que las autoridades llegaron a inhibir presuntamente la señal telefónica en la zona para que no pudiera transmitir el proceso.
Otra de las afectadas fue Yolith Alejo, quien comentó que llevaba más de 20 años viviendo en la Antigua Morococha, donde nacieron y crecieron sus hijos.
"Desde que salió la resolución judicial han venido hostigándonos. Ayer ya nos cerraron la vía, el único acceso que teníamos para acceder a nuestras casas. Los policías nos han empujado para no entrar, y de tanto suplicar nos han dejado entrar", relató Alejo.
De su lado, el abogado de las familias desalojadas, Carlos Castro, lamentó que el juez no estuviera presente en el desalojo, pues aunque no era obligatorio, en su opinión era pertinente "dada la magnitud, particularidad y trascendencia social de esta decisión judicial".
