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Caracas.- El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, dijo este martes que Venezuela se va a salir de la Corte Penal Internacional (CPI) por el «vasallaje» de sus representantes, al afirmar que los jueces de este organismo «no están allí para impartir justicia ni para defender los derechos».
«Para que quede registro histórico que nos estamos saliendo de esa Corte por inútiles, pero también nos estamos saliendo porque estamos denunciando el vasallaje de los representantes de esa Corte Penal Internacional», manifestó Rodríguez durante una sesión ordinaria transmitida por el canal del Parlamento.
El jefe de la Asamblea Nacional (AN, de mayoría chavista) intervino durante un debate en defensa de un proyecto de ley derogatoria del estatuto de Roma -para que Venezuela se retire de esta instancia, algo que todavía debe aprobarse en una segunda discusión- y pidió apoyo para su aprobación el próximo jueves en «solidaridad» con Palestina y porque la CPI no dice «nada» sobre el «genocidio» de Israel.
Sin embargo, la corte internacional dictó órdenes de detención en 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamin Nentayahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza.
Por otra parte, Rodríguez afirmó que el Departamento de Estado de EE.UU. es el «dueño» de la CPI y cuestionó la importancia de esta instancia: «¿Para qué carajo sirve esa Corte Penal Internacional?», subrayó.
Silencio sobre las amenazas a Venezuela
También, aseguró que la CPI «no sirve para nada», al indicar que tampoco ha dicho «absolutamente nada» sobre las «amenazas y guerra psicológica» contra Venezuela por parte de Estados Unidos, que mantiene un despliegue aeronaval en el mar Caribe bajo el argumento de combate al narcotráfico, pero que la Administración de Nicolás Maduro interpreta como un intento de propiciar un cambio de régimen.
El pasado 1 de diciembre, la Fiscalía de la CPI anunció que cerrará su oficina en Caracas por la falta de «progreso real» con Venezuela en materia de «complementariedad», principio que exige al país investigar seriamente los crímenes de los que se les acusa antes de que intervenga este tribunal.
El fiscal adjunto, Mame Mandiaye Niang, explicó entonces en su discurso de apertura de la 24 Asamblea de Estados Parte de la CPI que, pese al «compromiso sostenido» mantenido con las autoridades venezolanas, la CPI concluyó que «el progreso real sigue siendo un reto», por lo que decidió clausurar la oficina instalada en el país suramericano en 2024 para trabajar junto a las autoridades venezolanas.
No obstante, Niang subrayó que la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela «permanece activa» y dirigida por un equipo de fiscales que seguirá trabajando desde La Haya.
La CPI abrió la investigación sobre Venezuela en 2018 a raíz de una remisión de varios países.
El Gobierno de Nicolás Maduro intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema judicial está llevando a cabo investigaciones internas, pero la Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.
