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El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de 57 años, fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, tras ser arrestado en febrero de ese mismo año en su residencia oficial de Tegucigalpa, poco después de finalizar su segundo mandato y entregar el poder a Xiomara Castro.
Durante su juicio en Nueva York, se reveló que las más de 400 toneladas de cocaína implicadas en la condena podrían equivaler, según estimaciones de las autoridades estadounidenses, a miles de millones de dosis individuales.
Además, durante el proceso, un testigo afirmó que Hernández habría comentado que planeaban “meter las drogas en las narices de los gringos", mientras que la Fiscalía lo acusó de utilizar su posición de poder para facilitar el tráfico de drogas, financiar campañas políticas con aportes de narcotraficantes, incluido el cartel de Sinaloa, y mantener estructuras estatales al servicio de estas redes, lo que describieron como un intento de convertir a Honduras en un “narcoestado”.
Hernández, por su parte, se mantuvo firme en su inocencia durante todo el juicio, alegando que las acusaciones eran represalias de algunos testigos y que su actuación política -incluyendo la aprobación de la ley de extradición con Estados Unidos y la gestión de 21 extradiciones durante su presidencia, formaba parte de su esfuerzo por combatir el narcotráfico en el país.
El caso de Hernández se vinculó estrechamente con el de su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández, excongresista hondureño arrestado en 2018 en Miami y condenado en 2019 en Nueva York por narcotráfico.
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Durante el juicio de Tony, testigos señalaron a Juan Orlando como conspirador, aunque no fue acusado en ese momento. Sin embargo, sí se reveló que ambos habían recibido sobornos de organizaciones criminales como Los Cachiros, Valle Valle y el cartel de Sinaloa, para financiar campañas políticas y obtener protección.
El indulto a Hernández sorprendió a muchos que se preguntan qué llevó a Trump a tomar esta decisión, particularmente en momentos en que ha intensificado su lucha contra el narcotráfico en la región del Caribe, con un costoso despliegue militar.
Por su parte, y tras su liberación el 1 de diciembre de la prisión federal de alta seguridad de Hazelton, en Pensilvania, Hernández no ha dado señales sobre su paradero.
Su liberación ocurre apenas un año después de su condena y tras un intento fallido de solicitar un nuevo juicio. Trump defendió la decisión del indulto, calificando el proceso en Nueva York como "injusto" y comparándolo con una "cacería de brujas".
Mientras, el caso de Hernández ha generado un intenso debate en Honduras. Algunos sectores critican el indulto debido a su vinculación con el narcotráfico, mientras que otros destacan su papel en la cooperación con Estados Unidos y en la gestión de extradiciones de criminales durante su mandato.
La polémica se agrava con la actual contienda electoral, donde la influencia de Trump y la permanencia de Hernández en paradero desconocido han generado una gran incertidumbre política.
Con todo, el expresidente enfrenta todavía causas pendientes en Honduras; las investigaciones por corrupción, lavado de activos y otros posibles cargos continúan bajo la supervisión del Ministerio Público, que ha señalado que el perdón en EE. UU. no afecta a los procesos judiciales en el país.
Así, si Hernández regresara a Honduras, podría enfrentar acciones judiciales adicionales, mientras que las medidas sobre sus bienes incautados y los expedientes en curso permanecen activas, dejando en suspenso su futuro político y judicial.
