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Santo Domingo, - Milagros Ortiz Bosch dio a conocer este lunes detalles de una amplia operación en la que intervinieron cuatro instituciones públicas en una iniciativa gubernamental para apelar una resolución judicial de inadmisibilidad.
“De no ser puesta en marcha la acción gubernamental en el más estricto marco legal, se habría favorecido a particulares que deforestaron y ocupan de manera ilegal más de 19 mil metros cuadrados de terrenos urbanos en San Juan de la Maguana”, explica la funcionaria.
Ortiz Bosch, directora General de Ética e Integridad Gubernamental reveló que, tras recibir un informe inicial sobre el caso, el presidente Luis Abinader la instruyó para que junto a Bienes Nacionales hiciera una exhaustiva investigación en la que el ciudadano presidente incorporó al asesor presidencial en materia policial, mayor general PN Edward Sánchez González, y en la que además participaron el Ministerio de Medio Ambiente, y el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público.
Recibido el levantamiento de los terrenos ubicados en el sector Los Rónzinos, entre la Avenida Circunvalación y La Mesopotamia de San Juan de la Maguana, provincia San Juan, en el que Bienes Nacionales determinó que, hasta 36 ocupantes ilegales instalaron diferentes negocios.
El área ocupada o deforestada es de 19,518.01 metros cuadrados, contra quienes habrá que proceder dentro de un plan regulado que no es ciertamente el caso de deforestación que nos ocupa, que trata de un delito ambiental que preocupa a la sociedad dominicana, el mundo y a las autoridades nacionales por estar relacionado con el cuidado y protección del medio ambiente y la preocupación ante el Cambio Climático que amenaza al planeta y nuestro desarrollo.
Las acciones coordinadas
En fecha 15 de julio de 2024 el Ministerio de Medio Ambiente interpuso formal querella contra los señores Luis Eduardo Rodríguez y Omar Geraldo Montilla, contra quienes posteriormente fue presentada una formal solicitud de imposición de medidas de coerción por parte de la Procuraduría General de Medio Ambiente que, en fecha 15 de agosto 2024, el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana, declaró “inadmisible” la solicitud de coerción por supuestamente “carecer de “formulación precisa de cargo”’, que fue apelada por el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio Público, en fechas 10 y 13 de septiembre, respectivamente.
En esa circunstancia, y haciendo la advertencia de que se trataba de “un caso urgente para el Estado”, en fecha 28 de enero 2025, Milagros Ortiz Bosch solicitó al licenciado Jorge Luis Polanco, coordinador general del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público que dispusiera de un equipo de abogados para acompañar a los procuradores de Medio Ambiente, quienes junto a los representantes del Ministerio Público de San Juan de la Maguana y la Dirección de Medio Ambiente, contribuyeran a robustecer la presentación del recurso de apelación a la resolución de inadmisibilidad, misión coordinada por el Lic. Edison Joel Peña del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, que cinco meses después, el pasado 12 de febrero logró la fijación de audiencia y en esta la revocación de la inadmisibilidad.
El pasado 10 de febrero, 2025, Ortiz Bosch dirigió comunicaciones al Lic. Rafael Burgos Gómez, director de Bienes Nacionales y al ministro de Medio Ambiente, Armando Piano Henríquez, informándoles de la nueva causa de apelación a los fines de que se hiciera representar legalmente por el interés público.
Presentado el recurso de apelación por el Ministerio de Medio Ambiente ante la Corte de Apelación de la Cámara Penal del Departamento Judicial de la provincia San Juan, que admitió dicho recurso e impuso medidas de coerción de presentación periódica, los últimos viernes de cada mes ante el Procurador General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hasta que concluya el proceso investigativo, a los señores Luis Eduardo Rodríguez Cordero y Omar Gerardo Montilla, antes favorecidos por el recurso de inadmisibilidad en el sometimiento anterior.
