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Nueva York.- Nueva York se apuntó este jueves una victoria cuando un juez federal bloqueó el intento de la Administración de Donald Trump de quitar a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) cerca de 34 millones de dólares para combatir el terrorismo en el más grande sistema público de transporte en EE.UU. y recordó en su decisión los ataques del 11-S.
El juez Lewis Kaplan, de la corte federal para el distrito sur de Nueva York, indicó en una decisión de 28 páginas que la retirada de fondos del Gobierno era "arbitraria y caprichosa y una flagrante violación de la ley", basada en el argumento de que la ciudad ofrece unas protecciones a inmigrantes indocumentados a las que se opone, y que la cualifican como 'ciudad santuario'.
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Kaplan, además, emitió una orden judicial permanente que exige al Gobierno otorgar esos fondos a la MTA por el bien del interés público.
El pasado 30 de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) revocaron la financiación del Programa de Subvenciones para la Seguridad del Tránsito (TGSP), originalmente asignada a la MTA para el próximo año fiscal.
La Fiscalía general de Nueva York presentó entonces una demanda para impedirlo, a la que se unió la ciudad.
El juez recordó que, tras los ataques terroristas de septiembre de 2001, las recomendaciones de una comisión nacional "abordaron la necesidad de mejorar la seguridad y fortalecer los sistemas de transporte público, centrándose en evaluaciones basadas en riesgos y destinando fondos a zonas de mayor riesgo, en lugar de distribuir el dinero entre todo el sistema de transporte público".
"El informe recomendó también que la asistencia en materia de seguridad nacional debería basarse estrictamente en una evaluación de los riesgos y vulnerabilidades", indicó, refiriéndose a que la decisión del Gobierno no debe basarse en su oposición a las protecciones de "ciudad santuario".
También, destacó que la MTA no recibe fondos porque esté ubicada en Nueva York, sino porque es una corporación pública creada por leyes del estado y con una junta directiva designada por el gobernador con el visto bueno del Senado estatal.
"La MTA no es un instrumento de la ciudad de Nueva York" afirmó el magistrado.
También, alertó contra acciones que "perpetúen las acciones ilegales de las agencias" del Gobierno, y reivindicó un "interés público sustancial en que las agencias gubernamentales cumplan con las leyes federales que rigen su existencia y funcionamiento".
Afirmó, en ese sentido, que perder casi 34 millones de dólares "socavaría el interés público", poniendo en peligro a aquellos a quienes esos fondos pretendían proteger.
La gobernadora, Kathy Hochul, y la fiscal general, Letitia James, consideraron la decisión como "una victoria" para todos los neoyorquinos que utilizan el sistema de transporte.
"Un tribunal ha afirmado una vez más que esta Administración no puede castigar a Nueva York eliminando arbitrariamente recursos de seguridad críticos y desfinanciando las fuerzas del orden que mantienen seguros a los pasajeros", indicaron en un comunicado conjunto.
