Santiago de Chile.- El líder radical mapuche Héctor Llaitul fue declarado culpable por la Justicia chilena este lunes como autor de delitos de incitación y apología a la violencia, contemplados en la Ley de Seguridad del Estado, y también por usurpación violenta, hurto de madera y atentado a la autoridad.
«La convicción del tribunal no se ha asentado en las opiniones emanadas de personas vinculadas a la actividad política o al mundo gremial, sino por el cúmulo de elementos de prueba obtenidos en el trabajo de las policías que intervinieron en hechos concretos, junto con pruebas testimoniales, periciales, documentales y evidencias materiales”, señaló la jueza Rocío Pinilla, del tribunal de la ciudad sureña de Temuco, en la región de La Araucanía, a más de 700 kilómetros de la capital.
La Fiscalía y el Ministerio del Interior, como querellante de la causa, piden 25 años de cárcel para el dirigente mapuche, que hoy tiene 56 y que permanece en prisión preventiva desde agosto de 2022.
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«No se termina el conflicto mapuche condenándome (…) Este es un conflicto histórico. No se trata solamente de que reclamamos por la pobreza en la que vivimos. Desde los tiempos de la ocupación de La Araucanía hasta hoy, prácticamente, no ha cambiado nada. Es un despojo a un pueblo originario de su territorio ancestral», criticó Llaitul antes de conocer el veredicto.
El exlíder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), una agrupación indigenista que reivindica periódicamente ataques incendiarios contra latifundistas en el sur del país, insistió que «la reclamación por la tierra no se va a detener» y recalcó que «existe un choque de cultura (con el Estado chileno), porque atacan la esencia del pueblo mapuche».
En el sur de Chile existe desde hace décadas el llamado “conflicto mapuche”, una disputa territorial entre comunidades radicales de ese pueblo indígena, el Estado y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales.
Boric, que durante su campaña prometió la desmilitarización de la zona implementada por Piñera, su predecesor, decretó el estado de excepción en el territorio en mayo de 2022 y desde entonces ha mantenido el ejército desplegado en la región.
Tanto parte de la izquierda como los movimientos indígenas sostienen que la militarización solo pone más tensión sobre el conflicto y defienden que son necesarias fórmulas más transversales y de largo plazo, mientras que la derecha defiende la iniciativa.
Según el Gobierno, desde la aplicación de esta polémica medida, han disminuido los delitos de violencia rural en la zona tanto gracias al estado de emergencia como por nuevas leyes en materia de seguridad, como la de usurpaciones.
El hijo de Llaitul, Ernesto, también fue condenado, el pasado noviembre, a más de 15 años de cárcel por un ataque incendiario ocurrido en septiembre de 2021 en la sureña localidad de Los Ángeles, en la región del Bío Bío, también zona de conflicto. Sin embargo, en febrero la Corte de Apelaciones anuló las condenas y ordenó repetir el juicio.
El proceso judicial contra Llaitul padre, que empezó el 12 de marzo y sumó 26 días de audiencias, finalizará definitivamente el próximo 7 de mayo con la lectura de la sentencia en el Tribunal de Temuco.
