El Ministerio Público informó ayer que apelará el auto de no ha lugar dictado por el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, a favor de Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), así como de otros 16 acusados por la venta ilegal del sector Los Tres Brazos.
José Miguel Marmolejos, fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), deploró la decisión y dijo que el organismo la apelará luego de que le sea notificada.
“Es una decisión sumamente decepcionante, que nosotros la consideramos completamente divorciada de lo que es el Derecho y que no se corresponde ni con la acusación ni con las pruebas; por esa razón, nosotros estamos determinados a que tan pronto la tengamos por escrito en nuestro poder, vamos a proceder inmediatamente a apelar”, dijo, tras explicar que este lunes las partes escucharon de forma sucinta las motivaciones del juez.
Marmolejos se mostró confiado en que la decisión será revocada por una corte de apelación con un grado superior que la examine.
Además de Leoncio Almánzar, en este caso fueron imputados Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, ex consultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional.
Igualmente, Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., junto a los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.
También, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.
El Ministerio Público, además, acusó a las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Infepa, Titulatec S.R.L y Teknowlogic Dominicana S.R.L.
El órgano de la persecución penal estableció que los involucrados en la trama enajenaban propiedades del Estado dominicano y conminaban a los moradores del popular sector de Santo Domingo Este a comprar los predios en los que llevaban décadas viviendo.
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