Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader aseguró este lunes que su Gobierno mantiene un mensaje claro de "cero tolerancia" a la corrupción, tras comentar la entrega al Estado de bienes e inmuebles producto de ese flagelo y el arresto de oficiales y alistados de la Policía Nacional acusados de vender centenares de miles de proyectiles de esa institución.
Abinader se refirió a los 3,242 millones de pesos que entregó la Procuraduría General de la República (PGR) al Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados en Extinción de Dominio (Incabide), en bienes e inmuebles decomisados en los procesos de corrupción.
El presidente también habló, en su conferencia de prensa de los lunes en el Palacio Nacional, sobre el caso de los policías, entre oficiales y subalternos, detenidos en el marco de la Operación Pandora puesta en marcha por las autoridades contra una red a la que se le acusa de sustraer más de 900,000 proyectiles.
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"Este fin de semana se produjeron dos hechos sin precedentes: la entrega de los recursos (bienes e inmuebles) por parte de la Procuraduría General de la República a Hacienda, así como el apresamiento de los policías, lo que indica que desde la propia Policía Nacional y desde el Ministerio de Interior y Policía se ataca la corrupción, esto nunca antes había pasado", refirió.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, expresó en un comunicado que "con las detenciones de 11 agentes de la Policía Nacional", acusados en la presunta sustracción de más de 900,000 proyectiles de la Intendencia de Armas, "se ha roto un sistema de impunidad" que ha causado una justificada indignación colectiva.
"Cualquier persona que intente manchar la transparencia que impulsamos desde la reforma policial será definitivamente procesada con todo el peso de la ley. Ya el Ministerio Público tomó su tiempo, identificando a las personas en esta etapa y tiene las pruebas suficientes para someter a la Justicia", dijo la funcionaria.
Raful afirmó que la investigación del Ministerio Público inició en octubre, tras una solicitud conjunta del Ministerio de Interior y Policía y el director de la Policía, Ramón Guzmán Peralta.
Entre los apresados figuran el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien era el encargado de la custodia de las armas y municiones, así como el subintendente Juan Miguel Pérez Soler.
Asimismo, el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien habría alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de municiones, y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central.
