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Santo Domingo. — El director general de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, reiteró la necesidad de una justicia pronta y efectiva para fortalecer la lucha contra la corrupción en el Estado dominicano.
Pimentel destacó que el Ministerio Público está cumpliendo su rol constitucional al investigar y perseguir los casos de presunta corrupción administrativa, al tiempo que expresó su esperanza de que el Poder Judicial asuma plenamente su responsabilidad para garantizar que los procesos avancen y concluyan con decisiones firmes.
“El combate a la corrupción requiere no solo investigaciones profundas, sino también que los expedientes no se queden rezagados y que haya consecuencias”, habría señalado el funcionario, en referencia a la importancia de evitar dilaciones que puedan generar impunidad.
En ese contexto, anunció la plena disposición de la DGCP de colaborar con el Ministerio Público, suministrando toda la información necesaria en el marco de la investigación de la denominada segunda fase o “versión 2.0” del caso Senasa, relacionado con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El proceso, que en su primera etapa fue conocido como Operación Cobra, involucra un presunto esquema de corrupción con fondos públicos destinados a servicios de salud, con montos que superarían los 14 mil millones de pesos. En la primera fase figuran como imputados el exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, y otros involucrados.
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De acuerdo con informaciones ofrecidas por el Ministerio Público, representado por figuras como Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, las investigaciones avanzan hacia una segunda etapa que podría incluir nuevos imputados y sometimientos en las próximas semanas.
Pimentel aclaró además que el índice de transparencia evalúa al Estado en su conjunto y no únicamente al Gobierno central, al subrayar que la responsabilidad en la lucha contra la corrupción recae en todos los poderes del Estado.
Este pronunciamiento se produce en un contexto de acciones adoptadas por la DGCP en relación con contrataciones vinculadas a Senasa, incluyendo la anulación de contratos por presuntas violaciones a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, la suspensión de proveedores y la remisión de expedientes al Ministerio Público para fines penales.
El caso Senasa permanece activo y bajo investigación, mientras distintos sectores mantienen la atención sobre el desarrollo de los procesos judiciales y las eventuales responsabilidades que puedan derivarse.
