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Santo Domingo.- La defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, solicitó este jueves al tribunal la exclusión total de los informes elaborados por la denominada Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, así como de sus 559 anexos, al alegar que dichos documentos fueron “fabricados al margen de la ley” para construir una narrativa falsa y justificar una persecución penal sin hechos reales.
De acuerdo con los abogados defensores, los reportes fueron producidos sin base legal, sin permitir el derecho a la contradicción ni la participación de las personas investigadas, en violación del artículo 69 de la Constitución dominicana, que garantiza el debido proceso.
El abogado Eduardo Núñez afirmó que los informes no responden a un ejercicio técnico ni imparcial, sino que fueron creados con el objetivo de legitimar actuaciones previamente decididas.
“Se fabricaron informes para construir una narrativa falsa y darle apariencia de legalidad a una persecución sin hechos reales, con el fin de venderle al país una historia que no se corresponde con la verdad”, sostuvo.
Núñez explicó que entre los años 2021 y 2024 se realizaron supuestas auditorías sobre procesos de expropiación del Ministerio de Hacienda, atribuidas a una Unidad Antifraude que, según indicó, no existía jurídicamente en ese período. Precisó que dichas auditorías se ejecutaron sin notificación, sin permitir defensa y sin otorgar acceso a la información a los involucrados, en abierta violación de las normas del debido proceso administrativo.
A juicio de la defensa, se trata de actuaciones nulas desde su origen que, pese a su irregularidad, fueron utilizadas durante más de cuatro años para sustentar decisiones administrativas y judiciales. Núñez recordó que la Unidad Antifraude fue creada formalmente el 14 de julio de 2025 mediante el Decreto 382-25, “varios años después de que se elaboraran los informes que hoy se pretenden usar como prueba”.
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El jurista también cuestionó la constitucionalidad del referido decreto, al señalar que asigna facultades que afectan derechos fundamentales mediante una norma del Poder Ejecutivo.
“El decreto incurre en un exceso de poder y viola el principio de separación de poderes, ya que estas atribuciones están reservadas constitucionalmente al Poder Legislativo”, afirmó.
“Cuando primero se fabrican informes y años después se crea el órgano que supuestamente los elaboró, queda en evidencia que no estamos ante errores, sino ante actuaciones nulas desde su origen”, agregó Núñez.
En cuanto al fondo del proceso, la defensa reiteró que demostrará la imposibilidad material de que Donald Guerrero haya cometido los delitos que se le imputan. Sostuvo que la acusación se basa en pagos que el Ministerio Público ha presentado como irregulares, cuando en realidad corresponden a obligaciones legales acumuladas del Estado.
Detalló que una parte de los pagos cuestionados corresponde a expropiaciones realizadas incluso décadas atrás, muchas de ellas ordenadas por sentencias judiciales firmes y tasadas por organismos oficiales.
“Cumplir sentencias judiciales y saldar deudas históricas por terrenos que el Estado utilizó no es corrupción”, enfatizó la defensa.
Asimismo, explicó que otro de los señalamientos se refiere a un pago interinstitucional del Ministerio de Hacienda al Banco de Reservas para desmontar el programa de contratistas, el cual, según indicó, nunca salió del Estado, no fue entregado a terceros y fue registrado oficialmente como reducción de la deuda pública.
La defensa subrayó que en ninguno de los hechos existió decisión discrecional, daño al patrimonio del Estado ni beneficio personal.
“Sin daño, sin beneficio y sin poder de decisión, no hay delito”, sostuvo Núñez, al asegurar que todos los argumentos están respaldados por documentos oficiales, registros de contabilidad pública y peritajes ordenados por el propio tribunal.
Finalmente, afirmó que con las pruebas que serán presentadas en el curso del proceso quedará demostrado ante el país que la acusación no se sostiene.
“Donald Guerrero es inocente, y los propios documentos del Estado acreditan una gestión transparente en el Ministerio de Hacienda”, concluyó.
