English
Documentos oficiales de la DGCP vinculan a DeKolor con José Ángel “Jochy” Gómez y Aquíles Jiménez
Santo Domingo. – El pasado 4 de julio, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y su director ejecutivo, Milton Morrison Ramírez, interpusieron una querella penal, junto a constitución en actor civil, contra la empresa DeKolor, S.R.L.; su presidente, Rogelio Ramón Oruña Aguilar; y su gerente general, Sandra Oruña.
La acción marca un nuevo capítulo en la cadena de señalamientos y controversias que envuelven a esta empresa y a sus principales socios desde hace más de una década.
Desde su creación en 2004, DeKolor ha estado en el centro de múltiples irregularidades. En 2015 fue acusada de modificar sin los debidos procesos legales contratos de emisión de licencias con el Ministerio de Obras Públicas, y en 2023 su papel como fiadora solidaria en el fallido concurso para la mejora de la red semafórica del Gran Santo Domingo fue cuestionado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). En 2024, se reportó que la empresa había girado alrededor de RD$ 4,655 millones desde 2017 por dicho contrato, cobrando RD$ 805.69 por cada licencia emitida.
A este historial se suma un dato revelador: DeKolor aparece como fiadora solidaria en una facilidad crediticia por RD$ 120 millones que la empresa Transcore Latam tomó con una entidad financiera para respaldar el proceso de licitación del sistema de semáforos. Además, documentos oficiales de la DGCP vinculan a DeKolor con José Ángel “Jochy” Gómez, conocido por su historial de acusaciones relacionadas con hackeos, acceso ilegal a correos de figuras públicas y presuntos fraudes electorales. La empresa también ha compartido vínculos societarios con Aquíles Jiménez, empresario señalado en otras operaciones de licitación pública.
Gómez ha sido acusado en distintos momentos por espionaje digital, robo de identidad y presuntos actos fraudulentos, incluyendo su mención en el caso de los equipos de voto automatizado del PLD en 2019, donde fue señalado por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado. Estas relaciones refuerzan el cuestionamiento sobre la estructura que ha operado alrededor de DeKolor y su entorno.
La querella presentada por el INTRANT también hace alusión a investigaciones paralelas sobre empresas proveedoras vinculadas a la red de semáforos del Gran Santo Domingo, acusadas de alterar licitaciones, falsificar documentos y manipular procesos administrativos.
Un actor clave en el expediente es Pago RD, proveedor tecnológico del sistema de licencias, señalado como posible canal de desvío de fondos. Se investiga su relación operativa con DeKolor y Transcore Latam, esta última también beneficiaria del contrato anulado por Contrataciones Públicas.
Este entramado revela lo que parece ser una estructura extendida de empresas interconectadas que, por años, han operado dentro del sistema de transporte y licencias, beneficiándose de contratos públicos sin cumplir con los estándares de transparencia. La querella busca no solo sancionar hechos puntuales, sino desmantelar un esquema empresarial que ha evadido control institucional durante varias administraciones.
