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Santo Domingo. - Diputados criticaron este lunes los acuerdos del Ministerio Público que favorecen con prisión domiciliaria a tres de los imputados que admitieron ante el juez que pagaron sobornos a Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), y otros funcionarios de esa entidad estatal, en el desfalco millonario a la aseguradora estatal.
El diputado oficialista Eugenio Cedeño cuestionó la aplicación del criterio de oportunidad por parte del Ministerio Público, al considerar que no se cumplían las condiciones legales para otorgar ese beneficio a estos tres imputados. A su juicio, los hechos investigados pusieron en grave riesgo la salud pública, lo que, según establece la ley, constituye una causal expresa para no aplicar este tipo de mecanismo alternativo.
Además, sostuvo que el caso cuenta con pruebas suficientes y evidentes, por lo que no era necesario recurrir al testimonio de un copartícipe para sustentar la acusación principal.
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“El criterio de oportunidad se aplica cuando sin el testimonio de un cómplice es imposible condenar al principal imputado; pero en este caso había pruebas suficientes, por lo que resulta sospechoso que se haya utilizado para excluir a una persona que tuvo un rol determinante en hechos que pusieron en peligro la salud pública”, expresó el legislador.
Asimismo, Rafael Castillo diputado por la Fuerza del Pueblo, sostuvo que ante la magnitud del daño causado al sistema de salud y a la población asegurada, el Ministerio Público debió solicitar prisión preventiva para todos los implicados, aunque posteriormente pudiera evaluarse la flexibilización de alguna medida.
“El juez calificó este caso como de lesa humanidad y lo compara con un holocausto, eso demuestra la magnitud del daño; aquí el Ministerio Público debió pedir prisión para todos los implicados, porque lo que se ha hecho es llevarse la salud del pueblo dominicano”, expresó el legislador.
En ese aspecto, el diputado Charlie Mariotti Paz, consideró quien ha admitido culpa y colabora con la investigación no debe recibir más beneficios que el resto de los involucrados, debido al grave daño causado a la salud de los dominicanos. De acuerdo a Mariotti Paz mientras se profundizan las investigaciones, todos los implicados deben responder ante la justicia sin privilegios, ya que se trata de un atentado directo contra el sistema de salud pública.
“El mensaje que se envía con estos acuerdos parece ser: roben mucho y hablen primero; aquí se atentó contra la salud de los dominicanos y nadie puede estar por encima de la ley ni recibir privilegios”, expresó.
Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, deberán cumplir 18 meses de prisión preventiva por desfalcar al Estado.
Mientras que a prisión domiciliaria irán: Cinty Acosta Sención, Heidy Mariela Medina y Eduardo Read Estrella.
Entre otros delitos, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que los que admitieron los hechos ante el juez Rigoberto Sena lo hacen “aportando elementos de pruebas y admitiendo que los mismos pagaron sobornos a miembros del SeNaSa, incluyendo a su exdirector, el doctor Hazim”.
