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Jean Lineiris Reyes pensó que reclamar era el camino correcto. Pero dos años después, su vida se convirtió en un viacrucis marcado por la desesperación y la deuda.
Madre soltera de dos niños, comenzó a recibir facturas desproporcionadas apenas semanas después de mudarse. Algunas superaban los RD$10,000 y RD$12,000, aun sin tener contador instalado. Desde entonces, mes tras mes, ha tenido que reclamar, acumulando más de una docena de expedientes. Todos con la misma respuesta: improcedente.
“Muchas veces he llegado llorando a las oficinas a poner la reclamación”, confiesa. El peso emocional se mezcla con el económico: facturas que van de RD$9,000 a RD$12,000 y que no han sido reconocidas como error del sistema.
Su recorrido no se ha limitado a PROTECOM. También ha elevado recursos jerárquicos ante la Superintendencia de Electricidad, agotando cada vía disponible. Ahora asegura que su única salida es acudir al Tribunal Contencioso Administrativo, aunque admite que los costos del proceso han sido el freno para dar ese paso.
“Es como estar en cuatro paredes sin salida”, resume con frustración. “Te obligan a pagar porque si no, te quedas sin luz. Y quedarse sin luz no es opción”.
La Ley 125-01 establece que la facturación debe ser justa, las mediciones correctas y los reclamos respondidos oportunamente. Pero en la práctica, casos como el suyo muestran cómo estas garantías se convierten en letra muerta para los usuarios atrapados en un sistema que los deja sin opción.
