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Santo Domingo.- El entramado de corrupción administrativa enfrentado con la Operación Cobra captó miles de millones de pesos para enriquecerse en detrimento de los servicios sanitarios que ofrece a la población el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Las evidencias arrojan que, con la excusa de que estaban haciendo recaudaciones con fines políticos, algunos de los imputados captaban recursos de sobornos para provecho personal que destinaban a adquirir propiedades, crear empresas de carpeta para comprar y administrar bienes y realizar diversas inversiones que son objeto de investigación.
El Ministerio Público ha solicitado la imposición de 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa; Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
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El miércoles la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, explicó a los periodistas que cubren la fuente judicial, que el Ministerio Público con los imputados se empiezan a aplicar las normas establecidas en la recién promulgada Ley núm. 97-25 que crea el nuevo Código Procesal Penal de la República Dominicana.
“Lo que sí damos certeza es que habrá más personas imputadas porque ya los resultados y las pruebas que seguimos teniendo en nuestras manos a partir de que esta investigación se pide la medida, pero continúa, es evidente que le puedo dar seguridad absoluta de que habrá más personas imputadas”, dijo Reynoso.
“Y sí, hay personas bajo investigación que son médicos y distintos profesionales del área de la salud, porque evidentemente estos procedimientos no se hicieron solos y son procedimientos médicos”, indicó.
Dijo que también hay múltiples centros de salud que están bajo investigación. “No es que serán investigados, es que ya llevamos un tiempo investigando”.
Explicó que, como la investigación resulta tan amplia, el Ministerio Público decidió judicializar el caso en partes separadas para facilitar a los tribunales el conocimiento del proceso.
“Todo aquel que tocó un peso del Seguro Nacional de Salud, donde más de 7 millones de dominicanos tienen su salud asegurada, tienen que responder ante la justicia. Para el Ministerio Público este es un caso de altísima prioridad”, manifestó.
“Este equipo ha estado trabajando sin descanso, y va a seguir trabajando para, no solo que haya sanciones penales ejemplarizadoras, sino, también, para que el Estado decomise y sea restituido cada peso”, expresó Yeni Berenice.
