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Santo Domingo.- La Fundación Primero Justicia solicitó a la Procuraduría General de la República, abrir una investigación penal por la posible comisión de prevaricación, extorción, narcotráfico y lavado de activos que envuelve al asesor financiero de la presidencia Pablo Portes, al director general del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison y al ex presidente de la Comisión de recuperación de Bienes del Estado, el abogado Jorge Luis Polanco, tras los hechos denunciados por el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi).
En una entrevista que ofreció Jochi, imputado en el caso Camaleón por formar parte de una supuesta red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco contra el Estado, manifestó una serie de acusaciones que también implican al empresario haitiano y fundador del Grupo GB Group, Gilbert Bigio y al señor José (Pepe) Bono, investigado por la Justicia Española por corrupción y lavado de activos.
En ese sentido, Miguel Surún Hernández, presidente de la Fundación Primero Justicia, destaca que es importante recordar que Jochi Gómez es una de las personas con mayor cumulo de datos de inteligencia, pues era quien se encargaba de monitorear vigilancia de funcionarios, empresarios y cualquier tipo de actividad contraria al gobierno.
"Nos preocupa que dentro de las acusaciones mas graves, se encuentra que el asesor político de la Presidencia de la República, Mauricio de Vengoechea, que le exigió al exdirector del Intrant, Hugo Beras, el 5% de los ingresos por concepto de revista vehicular, que como sabemos había sido tratada con una empresa Española, presuntamente relacionada al señor Pepe Bono", expresa Surún Hernández.
Agregan que otra de las acusaciones graves, lo constituye el manejo fraudulento por parte del actual director del Intrant, Milton Morrison, de la licitación para el otorgamiento del contrato de expedición de licencias de conducir, que ascienden a un monto de RD$8,000,000,000.00, para favorecer al empresario haitiano Gilbert Bigio, y al zar económico del gobierno Pablo Portes, propietarios del capital accionario de la planta generadora barcaza instalada en Azua “Karadeniz”, a la cual es Estado le paga el Kilovatio hora 10 veces el valor que le paga a las demás generadoras.
Manifestaron que otra de las acusaciones es el manejo irregular de los fondos recuperados de actos de corrupción del pasado gobierno, mencionando inclusive la supuesta pérdida de RD$50,000,000.00 en efectivo, dinero que no tiene posible procedencia lícita y que se sospecha pudo haber provenido de algún soborno.
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Citaron asimismo, el entramado militar que posibilita la operación de una finca en Bánica, provincia de Elías Piña, como punto de almacenamiento de drogas, mencionando inclusive al ministro de defensa de la República Dominicana, y nueva vez al empresario haitiano, Gilbert Bigio.
Finalmente, apuntan que José Ángel Gómez reveló que Polanco, le instruyó entregarle el sistema de espía Pegasus para vigilar y escuchar las conversaciones de funcionarios, lo cual evidentemente incluiría a personalidades del ámbito político y constituiría un grave atentado al estado de derecho de la República Dominicana.
