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Santo Domingo, R.D.– El abogado Jean Cristofer Pérez denunció que durante el proceso judicial seguido contra Yokairy Sosa Asencio, se produjeron múltiples violaciones al debido proceso, lo que, a su juicio, derivó en una condena supuestamente injusta de 12 años de prisión, la cual cumple en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Mujeres de Anamuya, en Higüey.
"No existe ningún otro elemento de prueba que fuera aportado por la fiscalía, quien era que tenía a cargo esa investigación. No hay cámara. No hay un peritaje al teléfono. No hay un mapeo de celda que la ubique a ella en el momento del hecho, ni mucho menos que vincule su teléfono personal con ese hecho. Es decir, que nosotros seguimos sin entender cómo pudo el tribunal de primer grado justificar esta sentencia de 12 años en contra de esa joven", afirmó Cristofer.
A su vez, explicó que la joven nunca fue citada ni requerida durante la etapa de investigación y que fue arrestada de manera sorpresiva en su lugar de trabajo, sin tener conocimiento previo del proceso que se llevaba en su contra. Agregó que el tribunal de primer grado no valoró en su justa dimensión una prueba de coartada presentada por la defensa, la cual demostraba que Sosa Asencio se encontraba compartiendo con familiares al momento en que ocurrió el hecho que se le imputa.
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De igual forma, también cuestionó la actuación del Ministerio Público, señalando la ausencia de una investigación técnica que permitiera vincular de manera objetiva a la joven con el delito. Indicó que no se realizaron peritajes a teléfonos móviles, análisis de mensajes, levantamiento de cámaras de seguridad, ni mapeo de celdas telefónicas que colocaran a Sosa Asencio en el lugar del hecho.
La joven de 24 años, solicitó la revisión de su caso judicial, tras cumplir parte de una condena de 12 años de prisión por un robo que asegura no haber cometido.
A través de una carta manuscrita dirigida a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, la joven expone que su identidad habría sido utilizada de manera indebida en redes sociales, lo que —según afirma— provocó su vinculación errónea con el hecho delictivo por el cual fue condenada.
En el documento, Sosa Asencio denuncia que uno de los aspectos más dolorosos de su situación es que la persona responsable del delito habría declarado tanto en audiencias como ante el tribunal que no la conoce y que ella no tuvo participación alguna, y aun así permanece privada de libertad.
Ante este escenario, el abogado Pérez informó que la defensa ha asumido el caso en la fase de casación, por lo que solicitarán ante la Suprema Corte de Justicia la anulación de la sentencia o, en su defecto, un nuevo juicio, con el objetivo de que se garantice una defensa adecuada y el respeto a los derechos fundamentales de la joven.
