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Santiago.– Un juez de instrucción de Santiago condenó, mediante la aplicación del procedimiento penal abreviado, a ocho personas procesadas en el marco de la Operación Colibrí, desmantelada por el Ministerio Público por tramitar miles de documentos públicos y privados falsos, poniendo en riesgo la seguridad jurídica del país.
Las condenas impuestas fueron de seis, cinco y tres años de prisión, luego de que los imputados admitieran su culpabilidad durante el proceso judicial. A seis años de prisión fueron sentenciados Julio César Almonte Espinal, Luis Manuel Rodríguez, Fausto Merán, William Rodríguez Rodríguez, José Rosario Marte y Thomás Enmanuel Rojas.
En tanto, Yanuel Morales Rodríguez, alias “Google”, recibió una pena de cinco años, y José Carlos Montero fue condenado a tres años de prisión.
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El juicio abreviado fue llevado a cabo por las fiscales Esther María González Peguero, representante del Ministerio Público ante la Junta Central Electoral (JCE), y Liliana Guillén, en representación de la Fiscalía de Santiago.
Otros imputados irán a juicio
Respecto a los imputados Ana Delia Ysidra Tavarez Soto, Samuel Elías Ceballos Ramos, Arsenio Reyes, José Miguel Cruz Hiraldo y Noel de Jesús Padilla Minaya, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y ordenó su envío a juicio ordinario.
El juez Job García Hurtado, del Segundo Juzgado de la Instrucción de Santiago, admitió el acuerdo y dispuso la suspensión parcial de la pena, tomando en cuenta el tiempo que los imputados permanecieron en prisión preventiva. Como parte de las reglas impuestas, deberán residir en el domicilio declarado, notificar cualquier cambio de residencia al juez de Ejecución de la Pena, abstenerse de cometer actos delictivos, especialmente estafas por medios físicos o electrónicos, y realizar actividades de formación laboral.
El incumplimiento de estas condiciones implicaría el cumplimiento íntegro de la pena en prisión, advierte la decisión judicial.
Red operaba en entorno de la JCE
De acuerdo con la investigación, la estructura criminal operaba en el entorno de la Junta Municipal de Santiago, dedicándose a la falsificación de actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios y de propiedad, licencias de conducir y permisos para porte de armas, que eran vendidos tanto a ciudadanos dominicanos como extranjeros.
La pesquisa fue desarrollada por la Dirección General de Persecución, la Fiscalía de Santiago, el Ministerio Público adscrito a la JCE, con el apoyo de agentes encubiertos de la Dirección de Seguridad Civil ante la JCE, así como la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional, que actuó como querellante junto a la Consultoría Jurídica del órgano electoral.
Más de 600 páginas del expediente detallan la forma en que la red se estructuró, incorporando personas con funciones específicas para la falsificación. El Ministerio Público presentó más de 800 elementos probatorios, incluyendo plásticos incautados en allanamientos judiciales, utilizados para la impresión de documentos oficiales.
Las investigaciones revelaron que los procesados borraban el contenido de actas originales, conservando el papel de seguridad, para luego imprimir datos falsos, logrando documentos con características idénticas a los originales.
La calificación jurídica del caso incluye la violación de los artículos 265, 266, 147 y 150 del Código Penal Dominicano, así como el artículo 13 de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral, que sancionan la asociación de malhechores y la falsificación de documentos públicos y privados.
