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SANTO DOMINGO .— Un tribunal de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra los principales implicados en la red de trata de personas con fines de explotación sexual desmantelada mediante la Operación Begonias. El proceso fue declarado complejo por las autoridades judiciales.
La medida fue dictada contra los dominicanos Wilson Pérez Duque (alias el Menor) y Ariel Alfredo Soto Madrigal (alias el Gordo), así como contra las ciudadanas colombianas Karen Juliana Chia Gelvez (alias Nana, Naye o la Colombiana), Lina Marcela Valdez Cortes y Yasibit Esaleivi López Medina (alias Cristal). Los imputados cumplirán la prisión preventiva en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
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En cuanto a Johanse Díaz Casado (alias Johan el Gordo), el tribunal le impuso arresto domiciliario, una garantía económica de 50 mil pesos e impedimento de salida del país.
Otros imputados, Johanse Díaz Lemonier (alias Johan) y Lilian Yleana Sierra Espinosa, deberán pagar una garantía económica de 25 mil pesos, además de cumplir con presentación periódica e impedimento de salida.
El Ministerio Público presentó cargos por trata de personas con fines de explotación sexual, asociación de malhechores y lavado de activos, sustentado en las pruebas presentadas por la fiscal litigante Flor Jiménez, las cuales fueron acogidas por el juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este.
Según la acusación, los imputados captaban mujeres jóvenes en Colombia con falsas promesas de trabajo como camareras o bartenders, para luego traerlas a la República Dominicana, donde eran explotadas sexualmente. Una vez en el país, les retenían sus documentos, las amenazaban con hacer daño a sus familias en Colombia y las presionaban con supuestas deudas de entre 3,500 y 4,000 dólares que debían pagar para poder “liberarse”.
Una operación contra el crimen organizado transnacional
La Operación Begonias fue ejecutada el pasado 21 de junio con múltiples allanamientos en la provincia Santo Domingo, tras varios meses de investigación para desarticular redes transnacionales dedicadas a la trata de personas. Como resultado, fueron rescatadas más de 40 mujeres.
La operación fue liderada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), y la Fiscalía de Santo Domingo Este. Contó con el apoyo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), el Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional, y la ONG Anti Trafficking Bureau (ATB).
Participaron en total 10 fiscales, más de 85 agentes policiales, técnicos en investigación y especialistas en atención a víctimas. Durante los allanamientos, se ocuparon dinero en efectivo, seis vehículos, equipos electrónicos, cuadernos con anotaciones, drogas narcóticas, así como varios inmuebles utilizados por la red criminal, incluyendo una edificación de varios niveles.
