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Santiago.- La jueza Yerixa Cabral, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago, impuso distintas medidas de coerción contra once agentes de la Policía Nacional acusados de participar en la muerte de cinco hombres durante un supuesto intercambio de disparos ocurrido el pasado 10 de septiembre en el sector La Barranquita de esta ciudad.
La magistrada ordenó tres meses de prisión preventiva contra los sargentos Sócrates Fidel Féliz Féliz, Hairo Mateo Morillo, y el raso José Octavio Jiménez Peña, así como el cabo Yohandy Encarnación.
En tanto, el mayor Álvaro Paredes Paniagua, el capitán José Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas, el cabo Geyser Francisco Álvarez Rodríguez, el raso Adrián Miguel Villalona Pineda, y el mayor Hansel Michel Cuevas Carrasco, deberán pagar una garantía económica de un millón de pesos, presentarse periódicamente ante las autoridades y tienen impedimento de salida del país.
El Ministerio Público, representado por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, había solicitado 18 meses de prisión preventiva y que el caso fuera declarado complejo, alegando la gravedad de los hechos y el intento de los agentes de eliminar evidencias.
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Según el expediente, los policías llegaron en tres vehículos al establecimiento donde se encontraban las víctimas y, sin mediar palabras, abrieron fuego, causando la muerte de Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (alias Charly o Charli Chasc), José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez. Los dos últimos se encontraban dentro de una peluquería ubicada en la avenida Olímpica, donde se produjo el tiroteo.
El documento acusatorio detalla que los agentes habrían sustraído los DVR de las cámaras de seguridad del local y de los negocios cercanos, además de retirar los celulares a las personas que grabaron el hecho, con el fin de ocultar evidencias y obstaculizar la investigación.
El proceso de conocimiento de medida de coerción se extendió por casi ocho horas, en medio de fuertes medidas de seguridad y amplia cobertura mediática.
Al concluir la audiencia, el procurador adjunto Wilson Camacho valoró la decisión del tribunal y reiteró el compromiso del Ministerio Público de llevar el caso hasta las últimas consecuencias.
Por su parte, el abogado Esteban Pérez, representante de la familia de José Vladimir Valerio Estévez, expresó su inconformidad con la decisión y adelantó que no descartan apelar.
Mientras tanto, el abogado Juan Carlos Báez Peralta, defensor del mayor Álvaro Paredes Paniagua, consideró la decisión “justa y equilibrada”, aunque el jurista Carlos Balcácer criticó el fallo y cuestionó la actuación del Ministerio Público durante el proceso.
Los familiares de las víctimas evitaron ofrecer declaraciones tras concluir la audiencia, visiblemente afectados por la decisión judicial.
