English
Santo Domingo.- El Ministerio Público sostiene que durante cuatro años la estructura criminal operó dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), dirigida por su entonces director ejecutivo, Santiago Hazim Albainy, instruyó al personal de contabilidad, análisis financiero y tecnología para alterar el manejo del borderó, el registro oficial de reclamaciones pendientes, con el objetivo de encubrir un creciente déficit millonario.
Según la PEPCA, el cierre fraudulento del bordeó se convirtió en una práctica sistemática ejecutada desde las áreas claves de la institución. El mecanismo consistía en sub-registrar obligaciones financieras, ocultando el volumen real de pagos pendientes a prestadores de salud, lo que distorsionaba completamente los estados financieros que luego eran enviados a los organismos reguladores externos.
Leer más: Cobraban quimioterapias falsas y diálisis de fallecidos: así operaba el fraude en SeNaSa, según MP
Esta alteración permitió proyectar una falsa imagen de solvencia ante la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), que advirtió reiteradamente anomalías en el comportamiento contable de la entidad. Sin embargo, las advertencias internas y externas habrían sido ignoradas por la estructura que mantenía el control de los sistemas y los reportes financieros.
El Ministerio Público asegura que esta práctica no fue un error administrativo, sino una operación coordinada para encubrir el desvío de fondos públicos y permitir que los sobrantes generados por la manipulación fueran redirigidos hacia la red criminal. La adulteración habría afectado directamente la reserva técnica, núcleo financiero que garantiza el pago a prestadores.
De acuerdo con la acusación, este mecanismo permitió no sólo ocultar la magnitud del daño económico, sino también garantizar la continuidad del entramado criminal sin despertar alarmas inmediatas.
Medida de coerción
Será a las 2:00 de la tarde de este martes cuando la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conozca medida de coerción contra Santiago Hazim y los otros nueve imputados en la Operación Cobra.
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, para los imputados y que el caso sea declarado complejo.
Los encartados en la Operación Cobra son, además de Hazim: Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y Heidi Mariela Pineda Perdom.
