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Azua, RD — Abogados y representantes de organizaciones comunitarias y ambientales recusaron a la jueza que conoce la acción de amparo interpuesta contra la instalación de barcazas generadoras de energía eléctrica en la playa de Los Negros, provincia Azua, y denunciaron un supuesto intento de trasladar el proceso judicial fuera de esta jurisdicción para manipular la decisión.
La medida fue tomada luego de que el tribunal dejara el caso en estado de fallo, lo que, según los accionantes, habría sido producto de presiones indebidas de sectores interesados en evitar que el proceso sea resuelto en Azua, donde la comunidad ha expresado un amplio rechazo al proyecto de generación eléctrica flotante.
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Los abogados que representan a los comunitarios señalaron que el objetivo de estas maniobras sería dilatar el proceso y buscar que el expediente sea conocido en otra demarcación, lo que —afirmaron— podría afectar la transparencia y el debido proceso judicial.
La acción de amparo fue interpuesta por organizaciones sociales y ambientales que sostienen que la instalación de las barcazas constituye una amenaza para el medio ambiente, la salud de los residentes y las actividades productivas de la zona, como la pesca y el turismo local. Entre los grupos implicados figuran entidades como el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y otros colectivos civiles.
Miembros de estas organizaciones también han denunciado que la licencia ambiental del proyecto fue otorgada sin respetar plenamente los principios de participación ciudadana, legalidad y sostenibilidad, fundamentos que consideran esenciales para decisiones de impacto ambiental.
La comunidad de Los Negros ha sido escenario continuo de protestas y reclamos relacionados con la operación de las barcazas —y aunque la empresa operadora defiende que sus actividades cumplen con las normas ambientales vigentes, los sectores afectados mantienen sus preocupaciones sobre posibles efectos nocivos sobre el entorno y la salud humana.
Hasta el momento no se ha fijado una nueva fecha para la continuación del proceso, mientras persiste la expectativa sobre el curso que tomará el caso en los tribunales. Las organizaciones reiteraron su llamado a que el caso sea conocido y fallado en la provincia de Azua, garantizando imparcialidad y el respeto a los derechos fundamentales de la población afectada.
