Quiero ofrecer mis respetos a la Comisión Permanente de Industria, Comercio, MIPYMES y Zonas Francas del Senado, quien tiene bajo su responsabilidad el proyecto de ley que modifica la Ley 112-00, de fecha 29 de noviembre del 2000, aprobada por el Congreso que nos legara el doctor José Francisco Peña Gómez, en 1998, y promulgada por el presidente Hipólito Mejía, en el año 2000.
Sería beneficioso para la sociedad y la ciudadanía que observamos el civismo, el compromiso y la responsabilidad de aquellos legisladores para con su nación, y contrastamos con el pliego de modificaciones que, veinte (20) años después, son el objeto del proyecto de ley, el cual nos proponemos a conocer en esta cámara alta.
Es que al leer los considerando, las leyes para aumentar impuestos y conceder privilegios a distintos sectores y los decretos para garantizar las ganancias maliciosas de los grupos que son sujetos de este sector comercial, son las causas y nunca los efectos, escandalosos y abusivos que sufre la sociedad y nuestras familias.
Piensen colegas senadores que, este proyecto de ley es un ajuste de cuenta a nuestra propia historia política, que sumaremos o restaremos dificultades a las familias y a toda la sociedad dominicana, pues lo que nos proponen las circunstancias es frenar toda la especulación que, por más de 16 años, los presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina le impusieron al país, como prima medieval al pueblo que le regaló el derecho a gobernarlo.
Tenemos mejor la oportunidad con esta pieza, de liberar a la sociedad y a los ciudadanos del yugo comercial y usurero, con el cual políticos, empresarios y empresarios políticos, lograron amasar grandes fortunas, poderosos activos económicos y principalía en la determinación de las decisiones de los tres poderes del estado en los últimos 15 años.
Corregir los alcances delictivos y la aplicación criminal de la Ley 112-00 es nuestra responsabilidad y obligación hoy, pues sería imperdonable que pasáramos por alto que aprobemos sin leer cuidadosamente lo que nos proponen modificar; pues es algo más álgebra o matemática compleja, es que han convertido al Ministerio de Industria, al Ministerio de Hacienda (Aduanas e Impuestos Internos), y la Refinería Dominicana de Petróleo en las pantallas para toda clase de fechorías comerciales e industriales.
Entiendan, estimados y respetables colegas senadores, que con la nefasta Ley 557-05, del 13 de diciembre de 2005 sobre Reforma Tributaria, la cual modificó varias leyes, incluyendo la Ley de Hidrocarburos y Combustibles Fósiles y la Ley 146-00 (leyes pensadas para enriquecer a las familias y fortalecer al Estado como templo de todos nosotros), lo que se hizo fue convertir al templo de todos en la cueva de Alibabá. Así comienza el despropósito político de colocar el control político de la Ley 112-00 y de la refinería en manos privadas, por tanto trabajemos con este proyecto para reivindicar los valores éticos, políticos, sociales y morales, que le dieron origen a la ley por modificar.
Reorganizar el sector de hidrocarburos merece la validación del diseño, de la instalación, la operación y el desempeño de la Ley 112-00, en interés de conocer las fallas del sistema de comercialización de hidrocarburos y combustibles fósiles, pues solo así estaríamos en condiciones de devolver la competencia, la confiabilidad, la efectividad y la eficiencia, con las cuales garantizar la libertad, el uso justo de la ley, el orden público y la igualdad de oportunidades. Sin considerar estos aspectos políticos, haríamos la labor del “Gato Pardo”, faenar y faenar, para que todo siga igual.
Son estas fallas las que nos traen a este escenario de corrección de este instrumento político viciado por los intereses privados y las anomalías institucionales, tanto en la tributación, como en la comercialización de los combustibles. Es tiempo de asumir la responsabilidad y compromiso con la sociedad y los ciudadanos que, como senadores, nos otorga la representación y la fiscalización en nombre de todos los dominicanos, con la autoridad que nos otorga la Constitución de la República.
Es el mejor momento para ejercer la autoridad del Congreso, para el cumplimiento y uso distributivo de las leyes, pues es impresentable la discrecionalidad y la falta de competencia, con la cual grupos operativos y comercializadores de esta ley han logrado romper la competencia aplicando códigos de fuerza y oportunidad especulativa para saltarse las normas institucionales de las instituciones del Estado, aprovechando la precariedad política y económica de la Refinería Dominicana de Petróleo, institución estatal que debería ser el referente oficial.
Pongamos atención a la comercialización, por ejemplo, del gas licuado de petróleo, donde se manifiestan los mayores abusos. Con la venta por el piso o por el volumen, conviene a los intermediarios la venta por volumen (galón), porque así aprovechan la temperatura del gas, que con temperaturas mayores en el trópico, venden un mayor volumen, desmedrando la cantidad del gas, perjudicando al consumidor. Pasa lo mismo con la mezcla del propano y el butano que debería ser 70% y 30%, cuya inobservancia permite estafar también a los consumidores, sin que ninguna autoridad pueda castigar esta estafa.
Controlemos la autonomía de los grupos oligopólicos que impiden la licitación de los fletes del transporte, de los seguros marítimos, de los costos de intermediación, de la discrecionalidad en los terminales de almacenaje, en la compra de las divisas para pagar las facturas petroleras, los costos bancarios especulativos con las cartas de crédito y las transferencias, la verificación por parte del Estado la calidad de los combustibles comercializados, para que se suspenda la práctica de comercializar combustibles altamente contaminados.
Estamos a tiempo, apreciados colegas, de dotar a la sociedad y a los ciudadanos de instrumentos políticos que permitan un comercio justo de los combustibles, de legislar para el bien común y de acabar con 17 años de abusos contra el bolsillo de la población. Se impone la lógica del servicio público o contra la fe ideológica de los grupos operativos de poder, los cuales han apresado las ideas de libertad comercial, industrial, pero sobre todo, garantizar la libre competencia en favor de todo el país.
