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viernes, enero 27, 2023
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    Someten a gobernadora de SD por negarse a entregar información sobre pago de prestaciones

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    Santo Domingo.- El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, sometió una acción penal en contra de la gobernadora de Santo Domingo, Altagracia Julia Drullard, por violar las disposiciones de los artículos 27 de la Ley número 19-01 y 234 del Código Penal de la República Dominicana, al negarse a colaborar y no suministrarle la documentación e informes requeridos por el Defensor del Pueblo.

    De acuerdo con el documento, Ulloa le pidió «en múltiples ocasiones», información con relación a las reclamaciones vinculadas a retrasos injustificados en el “pago de prestaciones económicas” y “la no entrega de la certificación de desvinculación laboral”.

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    Expresó que, la negativa de responder a las solicitudes de información se mantiene a pesar de los múltiples requerimientos del órgano para que la gobernadora, en razón del principio de transparencia que rige la Administración Pública, consagrado el artículo 138 de la Constitución de la República, remita las informaciones correspondientes a las reclamaciones de ciudadanos de los que se encuentra apoderada la referida institución de tutela de derechos.

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    De acuerdo con el artículo 27 de la Ley núm. 19-01, en caso de que un funcionario se niegue a colaborar con el Defensor del Pueblo o no le suministre la documentación o informes requeridos, el Defensor del Pueblo informará al superior inmediato del funcionario investigado; también al Ministerio Público, a fin de que someta al funcionario a la acción de la justicia bajo cargos de violación al artículo 234 del Código Penal Dominicano.

    El órgano constitucional se encuentra representado por los licenciados Harold Modesto, Roberto Quiroz y Enrique Peña, abogados de la parte querellante. 

    Destacó que el sometimiento no se produce por las decisiones de las desvinculaciones, sino por negarse deliberadamente a dar respuesta a las diversas solicitudes del Defensor del Pueblo en las que se le requiere informar sobre la situación de los ciudadanos que han sido desvinculados de la institución y han presentado reclamaciones ante este órgano constitucional.

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