La Romana, RD. – En medio de objeciones de propietarios, un tribunal de esta jurisdicción se dispone a subastar el próximo 11 de enero nueve inmuebles ubicados en Casa de Campo.
Con un valor estimado de US$6.0 millones, respondiendo a requerimientos y diligencias cuestionadas de Rafael Ricardo Trujillo Milán, descendiente del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, quien representa una empresa identificada como Turicumbre, S. A.
Trujillo Milán, nieto del sátrapa, aparentemente perjudicado por un monto de 1 millón 150 mil dólares en una transacción inmobiliaria con la firma Bap Development, LTDA.
Pretende alzarse con 9 apartamentos del complejo Los Altos, en Casa de Campo, que fueron adquiridos por inversionistas, víctimas de un bloqueo registral en el marco de procesos legales iniciados contra la empresa desarrolladora de los inmuebles.
El proceso de ejecución inmobiliaria -fuertemente cuestionado por abogados de los propietarios perjudicados por considerarlo contrario al debido proceso- está en manos de la magistrada Idenisse Guillermina Catedral Ozuna, quien preside la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana.
Este viernes se supo que la magistrada fue sustituida, pero se desconoce quien en su lugar dirigirá la subasta.
Puedes leer: Abogados del PRM aseguran no hay condiciones para aprobar ley de virtualidad de los procesos judiciales
Las partes interesadas, que se sienten perjudicadas por la forma en que se ha manejado el proceso y ante la amenaza de perder sus bienes, han motorizado un referimiento ante el Juez Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, que mantiene en estado de fallo la petición de que se suspenda la subasta fijada para el 11 de enero.
Abogados de los inversionistas alegan que se han verificado una serie de anomalías en el proceso de embargo, mientras que la jueza Catedral Ozuna ha permitido que el persiguiente (Trujillo Milán) logre fijar un precio de venta a más del doble del valor real del supuesto crédito, sin permitir que nadie cuestione tal irregularidad.
Indicaron que la magistrada, quien había declarado su interés de inhibirse, aunque luego había desistido, ha llevado un proceso sospechosamente acelerado y retuvo una sentencia que debió emitir el 23 de diciembre de 2021, lo que impidió a las partes interesadas recurrir con tiempo, mientras se aproxima el 11 de enero, fecha de la subasta.
“Algunos de los adquirentes, por razones ajenas a su voluntad, no pudieron transferir a su nombre los inmuebles adquiridos, porque -además- fueron atacados por múltiples acciones que generaron un bloqueo registral, a requerimiento de las personas que hoy procuran apropiarse de manera forzosa de un patrimonio”, declaró Sinerlex Dominicana, oficina de abogados representante de uno de los adquirentes.
Dijo no explicarse cómo la magistrada Catedral Ozuna “ha permitido que intereses malsanos estén cerca de apropiarse de un patrimonio de más de US$6.0 millonesmediante un proceso de ejecución inmobiliaria en donde se fijó la venta en pública subasta para el día 11 de enero del año 2022, en el indicado Tribunal”.
Trujillo Milán ha montado una treta para procurar un resarcimiento sobredimensionado -sin reparar en el perjuicio que generaría a otros compradores- con el acompañamiento del abogado Pedro Reynaldo Vásquez, un ex juez que hace un tiempo renunció de su puesto luego de una investigación del Consejo del Poder Judicial por irregularidades en su declaración jurada de patrimonio.
“En síntesis, Turicumbre, S. A., empresa de Trujillo Milán, pretende apropiarse de 9 apartamentos ubicados en el referido residencial, con un crédito contenido en una sentencia condenatoria en contra la desarrolladora Bap Development, LTDA., cuya cuantía real asciende aproximadamente a US$1,150,000.00”, comentó la oficina en un comunicado.
A propósito, indicó que dicho bloqueo registral fue generado por procesos posteriormente anulados por tener su origen en una supuesta acta de carencia, donde se alegaba que un embargo inmobiliario anterior perseguido en contra la empresa desarrolladora, mediante el cual habían resultado adjudicados 2 unidades, no había satisfecho el crédito, aprovechando una infravaloración en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), para computar el pago de impuestos.
Sin embargo, dichas acciones se llevaron a cabo por la hoy persiguiente con el único propósito de impedir que los apartamentos fueran transferidos oportunamente a sus legítimos propietarios.
