La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, comienza este lunes a definir el cronograma de las elecciones presidenciales a través de un proceso que ha sido cuestionado por la oposición, que cree que el Gobierno pretende diseñar unos comicios antidemocráticos.
La AN recibirá este lunes las propuestas de representantes de los partidos políticos, una reunión en la que no participará la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el principal bloque antichavista, que ha denunciado la intención del Ejecutivo de «distorsionar» las garantías acordadas para estas votaciones.
Pese a estas críticas, la Cámara concretará sus encuentros -que incluyen una reunión con el sector empresarial, religioso y de los trabajadores- para presentar esta misma semana una propuesta de cronograma ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), que luego se tomará el tiempo que considere necesario para anunciar la fecha de los comicios.
Leer: Transparencia Internacional: Venezuela es el país americano más corrupto desde 2014
El chavismo ha adelantado que celebrará estas reuniones durante el lunes, martes y miércoles para que «sea el pueblo el que fije la fecha de las presidenciales», según ha dicho el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien también es el jefe de la delegación del Gobierno en el diálogo con la oposición.
En octubre pasado, el Ejecutivo de Nicolás Maduro y el principal bloque antichavista acordaron un conjunto de garantías para las presidenciales, lo que incluye el compromiso de que estas se celebren en el segundo semestre del año.
La PUD ha denunciado la violación de los acuerdos por parte del Gobierno, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia ratificase que la candidata presidencial del bloque antichavista, María Corina Machado, no podrá competir en comicios hasta 2036, lo que ha generado la condena de buena parte de la comunidad internacional.
Entretanto, se espera que las partes instalen, con ayuda de Noruega como país facilitador, una comisión de verificación de lo pactado, si bien el Gobierno insiste en que la inhabilitación de Machado, que acapara la intención de voto en la mayoría de las encuestas, es una sentencia «definitivamente firme» que no será revertida.
