«Es importante trabajar con estos instrumentos internacionales, especialmente en esta época de intentos de retrocesos de nuestros derechos. Es fundamental unificar a las organizaciones, lograr que haya objetivos comunes para defender esos derechos que se ven amenazados», dijo Lizi Ernst, presidenta de la Coalición en una rueda de prensa.
La Convención de Belém do Pará es un tratado pionero que desde hace 30 años define la violencia contra las mujeres y la destaca como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
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Treinta años de la Convención contra la violencia
En una agenda que tiene previsto durar todo el día, las lideresas analizan la importancia de esta convención, qué normativas se han aprobado en Ecuador a raíz de su firma y ratificación, y cómo pueden «redoblar esfuerzos» con el objetivo de «avanzar y no retroceder», «que es lo que estamos viendo como amenaza en el mundo, en la región y en el país», dijo Gloria Camacho, presidenta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención (Mesecvi).
Camacho señaló que Ecuador y la región han avanzado en la lucha contra la violencia. «Hace 30 o 40 años no se podía denunciar la violencia, no era considerada ni una contravención ni un delito, no existía ningún servicio para las víctimas, seguía considerándose que esto se trataba de un asunto privado en el cual ni el Estado ni nadie tenía que intervenir», apuntó.
Asimismo, recordó que en 1994 se crearon las primeras comisarías de la mujer en el país, pero que «no se podía denunciar la violencia porque había una restricción en el código penal que impedía la denuncia entre cónyuges y entre ascendientes y descendientes, a nombre de preservar la familia». Sin embargo, al año siguiente eso pudo cambiarse tras la aprobación de la convención.
«Mirar lo que hemos caminado»
«Creo que vale la pena mirar lo que hemos caminado para no perder la esperanza hacia esa utopía que todas anhelamos, que es un mundo igualitario para mujeres y hombres, un mundo con unidad y sobre todo libre de violencias», mencionó.
Teresa Incháustegui, vicepresidenta del Comité, dijo que la convención señala que los Estados tienen la obligación de cumplir con la debida diligencia, la investigación, el derecho a la verdad y la reparación en casos de violencia contra las mujeres, pero que también llama a garantizar que ellas puedan vivir una vida sin esa violencia.
«Este es un tema muy importante porque cuando hablamos de las amenazas y retrocesos no solamente hay que cuidar que esté operando la justicia y las sanciones, sino que también estén caminando todas estas condiciones que necesitamos para desarrollarnos en plenitud y libertad como personas, y ahí la sociedad civil es fundamental», aseguró.
Ambas expertas señalaron que el camino no ha sido fácil en estos 30 años porque muchos gobiernos del país y de la región han decidido dejar a un lado la protección de las mujeres o le han dado poca importancia.
Los derechos sexuales, los primeros amenazados
Por su parte, Paulina Ponce, oficial de programas de Planned Parenthood Global en Ecuador, señaló que son los derechos sexuales y reproductivos, como el aborto, «los primeros amenazados en esta arremetida antiderechos que empezamos a ver en el mundo, y son precisamente los que necesitamos regresar a ver».
Insistió en la importancia de «recuperar la memoria» y recordar cómo se llevaron a cabo las luchas feministas pasadas para enfrentar los nuevos desafíos que se presentan en el país y en la región.
Durante la jornada, los grupos de mujeres también tenían previsto analizar cómo por medio de la convención se puede hacer frente a las nuevas modalidades de violencia como la digital o en nuevos contextos como el del aumento de la criminalidad en Ecuador.
