Buenos Aires.- La ley de cupo laboral garantiza que travestis, transexuales y transgéneros ocupen el 1 % de los puestos de trabajo del Estado argentino. Sin embargo desde la asociación nacional que vela por los derechos humanos de las personas trans afirman que el número «es poco» y aún existe una «deuda pendiente».
«Es necesario hablar de la reparación (histórica) porque hay un porcentaje que queda afuera. Es muy difícil acceder al circuito laboral cuando nunca pudiste hacerlo», explicó a Efe la presidenta de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), Marcela Romero.
No obstante, agregó: «La ley de cupo laboral funciona como bisagra. Abre la puerta a más derechos y a la posibilidad de seguir trabajando en la inclusión de las personas trans».
La normativa fue aprobada por el Senado el 24 de junio de este año y estableció que los tres poderes del Estado, los ministerios y todos los organismos públicos posean una plantilla, obligatoria, con personas del colectivo trans no menor al 1 % del total.
En el caso de los privados la contratación es opcional, por este motivo se acordaron beneficios impositivos y accesos a líneas de créditos bancarios para incentivar al cumplimiento de la ley.
De acuerdo con el último informe que realizó ATTTA junto a la Fundación Huésped en 2013, seis de cada diez mujeres trans se ven forzadas a ejercer la prostitución para poder subsistir. En este documento se entrevistó a 498 personas trans (452 mujeres y 46 hombres) y solo el 14,6 % mencionó nunca haber realizado trabajo sexual.
«El 99 % de nosotras, actualmente, ejerce el trabajo sexual en la Argentina», aseguró Marcela.
LA DISCRIMINACIÓN
La discriminación es la principal causa que dificulta el acceso a la educación, empleos formales, y con ello, a una jubilación. «El gran problema es que son expulsadas de sus hogares entre los 13 y 18 años», le dijo a Efe la activista trans y magíster en estudios de políticas de género Victoria Antola.
«No acceden al nivel educativo, porque la escuela tiene una política que expulsa por ser heteronormada», añadió.
Victoria Antola es la primera mujer trans en acceder a un cargo en el Banco Central antes de la ley de cupo laboral.
Respecto al porcentaje de la legislación, consideró que «es perfectible» y que «refleja una parte de la sociedad», pero lo considera «un gran comienzo» en comparación con los demás países de la región.
«Cuando una persona trans habita un espacio público, rompe con la ficción de la heteronorma. Ya no se puede afirmar que existen solo hombres y mujeres», sostuvo.
LA NUEVA GENERACIÓN
Victoria fue la primera ciudadana de Entre Ríos (oeste) en recibir un DNI con el cambio de género en su partida de nacimiento. Lo consiguió en 2011, antes de la ley de Identidad de Género.
Asumió su identidad a los 21 años y completó el traductorado de inglés porque pensaba que no iba a conseguir empleo en ningún sector. «Trabajaría encerrada en mi casa, a la distancia y a mi empleador no le importaría mi género», pensaba.
A nivel personal tuvo la suerte de nacer en el seno de una familia que le dio amor. «Me aceptaron tal como era y me dieron la posibilidad de seguir estudiando», contó.
DEUDA HISTÓRICA
Uno de los reclamos del colectivo trans es la reparación histórica, es decir la oportunidad de obtener asistencia estatal, porque consideran que fueron excluidas, perseguidas y hasta violentadas por el propio Estado y la sociedad.
Debido a esto Marcela fundó hace cuatro años la primera Casa Trans de América. La describe como un espacio destinado ayudar a sus «compañeras» en situación de calle y vulnerabilidad con servicios como comida, ropa y acceso a la salud.
La Casa funciona como un lugar de contención psicológica y un sitio donde pueden terminar su educación. Inclusive manejan una bolsa de trabajo en donde articulan con organismos públicos para poder entrar al mercado laboral.
«A partir de los 40 años, la mujer trans queda afuera del sistema y se vuelve descartable», lamentó Marcela. Con 57 años, ella lo experimentó en su vida. Pasó por una infancia violenta, y sobrevivió a la última dictadura militar argentina (1976-1983).
Aún así, aseguró que conoció la democracia recién a sus 49 años, con la Ley de Identidad de Género aprobada el 9 de mayo de 2012 que reglamentó el trato de las personas trans de acuerdo a su identidad autopercibida.
«Nuestra generación vivió detenida, maltratada, torturada y fuera de todo sistema», expresó.
Reflexionando sobre el panorama actual y las posibilidades con las que hoy cuenta el colectivo, Marcela expresó su orgullo por las nuevas generaciones: «Pudieron terminar la primaria, la secundaria y van ingresar a la universidad con su nombre de identidad».
Augusto Morel
