Santo Domingo. – El titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, lamentó este lunes la medida tomada por el juez Deiby Timoteo Peguero, quien varió de prisión preventiva a domiciliaria a Alexis Medina, y varios imputados en el caso AntiPulpo.
En ese sentido, el magistrado afirmó que la variación de la medida contiene el mensaje equivocado, señalando el nivel de complejidad del referido caso de corrupción.
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“La decisión tomada por el tribunal sobre el cese de la medida de coerción contiene un mensaje lamentable que no entiende el nivel de complejidad de estos procesos. Pareciera que se está asumiendo la lógica de que cualquier proceso que se haya declarado complejo es igual y eso no es así”, puntualizó Camacho, al finalizar la audiencia en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Asimismo, precisó que los casos llevados por el Ministerio Público ante los tribunales no precedentes.
“Estos procesos que nosotros estamos presentando ante los tribunales simple y llanamente no tiene precedentes en República Dominicana; y las muestras son abundantes”, señaló el director de la PEPCA.
Los imputados en el caso Antipulpo Alexis Medina, Fernando Rosa y José Dolores Santana pasarán a estar en arresto domiciliario después de que el juez Deiby Timoteo Peguero, séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, variase la medida de coerción de prisión preventiva impuesta a estos encausados.
Asimismo, el magistrado dispuso que Medina deberá pagar 60 millones de pesos bajo aseguradora, mientras que a Rosa y a Santana les impuso pagos de 30 y 20 millones, respectivamente, y a todos ellos se les colocará grillete electrónico, tendrán impedimento de salida y presentación periódica.
El aplazamiento
El juez aplazó hasta el próximo 10 de octubre la audiencia preliminar contra los acusados en el supuesto entramado de corrupción; cuyo principal imputado es Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina.
Este es el séptimo aplazamiento de la audiencia, que en esta ocasión fue adoptada debido a la ausencia de uno de los imputados, el titular de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) Francisco Pagán, infectado de covid-19, según sus abogados
