Buenos Aires.- El Ministerio Público Fiscal y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas de Argentina solicitaron este miércoles a la Justicia que procese con prisión preventiva de 20 personas acusadas de integrar una organización criminal que operaba como una secta en Argentina y Estados Unidos.
La solicitud fue presentada ante el juez federal Ariel Liejo, a cargo de la investigación, centrada en presuntas actividades delictivas de la organización que operaba bajo la órbita de la Escuela de Yoga Buenos Aires desde 2004.
La organización fue desarticulada el pasado 12 de agosto, cuando la Policía argentina realizó varios allanamientos y detuvo a los presuntos líderes.
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Los imputados, que se encuentran detenidos desde entonces, están acusados de los delitos de reducción a la servidumbre, trata de personas, lavado de activos, ejercicio ilegal de la medicina y asociación ilícita, según informó este miércoles la Fiscalía en un comunicado.
De acuerdo con la investigación, la banda se dedicaba a captar personas vulnerables para incorporarlas a la organización «con el fin de reducirlas a una situación de servidumbre o explotación sexual, construir un culto alrededor de su líder y promover una estructura ilegal de negocios en Argentina y Estados Unidos».
La información recopilada hasta el momento cifra el patrimonio de la organización en, al menos, 35 millones de dólares, repartidos en cuentas radicadas en Estados Unidos.
Las víctimas, que «podrían ser más de un centenar», de acuerdo con el Ministerio Fiscal, se encontraban en las diferentes sedes del grupo, principalmente en Buenos Aires, Las Vegas, Chicago y Nueva York.
Funcionamiento de la secta
Según los testimonios recopilados por los fiscales, el líder de esta secta era considerado el «mismísimo dios» para los «alumnos», hasta el punto de que, cuando ingresaba en alguno de los edificios de la organización, «todos se desesperaban» y había «besos, abrazos y toqueteos».
Para la Fiscalía, esto implicaba que la vida social se restringía «de manera exclusiva» a los miembros de la organización, creando una estructura coercitiva que pretendía reducir a sus «fieles» o «adeptos» a una situación de servidumbre.
De hecho, una de las principales fuentes de financiación de este grupo, según el Ministerio Fiscal, era la explotación sexual de algunas de las «alumnas», una herramienta utilizada por los líderes de la organización para conseguir recursos económicos, lo cual era transmitido a sus miembros como «una forma de sanación».
«En ese contexto, cuanto más dinero y regalos conseguían como producto de esos encuentros y relaciones con personas de poder ajenas a la organización, más información se les suministraba dentro de la ‘escuela’ para poder ‘evolucionar’ y subir de rango», expuso la Fiscalía, agregando que al menos siete mujeres fueron sexualmente explotadas e incorporadas a la secta cuando eran menores de edad.
Otras prácticas comunes eran las «curas de sueño» perpetradas en una clínica en Buenos Aires denominada CMI Abasto, consistentes en la administración de medicamentos para dormir a las personas durante varios días, algo utilizado por los miembros de la banda para «disciplinar» y «aleccionar» a quienes se negaban a cumplir órdenes.
