Caracas.- El Ministerio Público de Venezuela rechazó este jueves las acusaciones incluidas en un documento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) hecho público hoy, que concluye que existe «una base razonable» para creer que, «al menos desde abril de 2017», diversas autoridades del país caribeño han cometido crímenes de lesa humanidad.
«Tras haberse hecho pública la opinión de la exfiscal de la CPI sobre el examen preliminar en curso sobre nuestro país, rechazamos de forma contundente y enérgica las acusaciones que en estas se vierten», reza un comunicado firmado por el fiscal general venezolano, Tarek William Saab.
El informe de la Fiscalía de la CPI, con fecha 15 de junio -día en que terminó su labor la entonces fiscal Fatou Bensouda- y con nota de «documento clasificado» hasta el 10 de agosto, concluye que «hay una base razonable para creer que delitos que competen a la jurisdicción de la Corte se han cometido en Venezuela».
No obstante, recuerda que será el nuevo fiscal, Karim Khan, el que tomará la decisión definitiva acerca del caso.
En el documento, desclasificado esta misma semana, Bensouda considera que, de acuerdo con la información de la que dispone, tiene «una base razonable» para creer que desde abril de 2017 «autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos progobierno han cometido crímenes de lesa humanidad».
Entre ellos, está el encarcelamiento «u otros tipos de severa privación de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional», la tortura y la «violación u otras formas de violación sexual», así como persecución por motivos políticos.
Al respecto, Saab considera que las actuaciones de Bensouda «se llevaron a cabo (…) de manera unilateral y sin tener en cuenta ni la colaboración efectiva ofrecida de buena fe» por las autoridades venezolanas ni la documentación presentada, «demostrativa de la indiscutible actividad investigadora del Ministerio Público y del Poder Judicial».
«Es por ello que afirmamos que las conclusiones emitidas por la exfiscal carecen de valor alguno, en estas circunstancias, y como hemos puesto de manifiesto al nuevo fiscal, señor Karim Khan, estamos dispuestos a demostrar con hechos la actuación y acción del Estado en esta materia», asegura Saab.
Para ello, expulsarán «los prejuicios y prevenciones que la exfiscal ha demostrado con sus actuaciones parciales en este caso».
Específicamente, Saab rechazó del informe de Bensouda «la afirmación de que ‘los casos potenciales que probablemente surgirían de una investigación sobre la situación serían inadminisibles en términos de inacción'».
«Desconocemos cuáles sean estos casos potenciales identificados por la Fiscalía, porque durante todo el periodo del examen preliminar se nos ha sustraído esa información, a pesar de nuestras insistentes peticiones de conocimiento», agregó la información.
También considera que «se desestima de forma absoluta la imputación, asimismo parcial y predeterminada, de que los pasos dados hayan sido de ‘alcance muy limitado en relación con sus hallazgos'».
Ese punto, asegura que lo desmontarán «una vez que el nuevo fiscal visite» Venezuela y «compruebe in situ los esfuerzos realizados por todas las instituciones venezolanas».
También rechaza «por gratuitas e inveraces las afirmaciones de ‘falta de pasos concretos y progresivos en esto casos para terminar responsabilidad penal de los sospechosos'».
Finalmente, Saab muestra su confianza de que, en la nueva fase con Khan, «la colaboración y el diálogo serán sinceros y abiertos y, en este sentido, las instituciones venezolanas, y en particular este Ministerio Público, trabajará para hacerlo posible y para que se constate el absoluto compromiso institucional contra cualquier tipo de impunidad y en favor de la protección integral de los derechos humanos en Venezuela».
