Dos legisladores demócratas del estado de Massachusetts (EE.UU.) han propuesto un nuevo proyecto de ley con el objetivo de establecer un programa de donación de órganos y medula ósea dentro del sistema penitenciario estatal.
El proyecto permitiría a los reclusos ser elegibles para una reducción de mínimo 60 y máximo 365 días de su condena por donar su médula u otros órganos.
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Si se aprueba la propuesta, se establecería un comité compuesto por cinco miembros responsables de supervisar su implementación, además de determinar las normas de elegibilidad y presentar informes sobre las donaciones anuales y la cantidad estimada de vidas salvadas asociadas a dichas donaciones.
La representante estatal Judith García, copatrocinadora del proyecto de ley, aseguró en su cuenta de Twitter que la propuesta «restauraría la autonomía corporal de las personas encarceladas» y «reconocería las decisiones de los donantes encarcelados al ofrecer penas reducidas».
García explicó que la lista de espera para la donación de órganos de Massachusetts tiene casi 5.000 personas, lo que afecta de manera desproporcionada a los residentes negros e hispanos, por lo que el proyecto ayudaría a las minorías a encontrar un donante compatible.
Actualmente, la Agencia Federal de Prisiones de EE.UU. permite la donación de órganos por parte de los reclusos solo si el receptor es un miembro de su familia inmediata. Ningún estado autoriza la donación de órganos de presos ejecutados, incluso si eran donantes registrados.
Preocupaciones éticas
Por otro lado, el proyecto ha presentado preocupaciones éticas para los hombres y las mujeres encarceladas. Jesse White, director de políticas de Servicios Jurídicos para presos de Massachusetts, planteó dudas sobre la propuesta como una forma de resolver el problema de desigualdades raciales con respecto al acceso de órganos y médula donados.
«Nos preocupa el potencial de coerción y el impacto de la atención médica inadecuada en los entornos penitenciarios. Creemos que la solución debe enfocarse en los problemas estructurales subyacentes que conducen a las disparidades en la salud, incluido el encarcelamiento continuo e innecesario de tantas personas que podrían vivir libres y seguras en nuestras comunidades», expresó White en un comunicado citado por medios locales.
Asimismo, Kevin Ring, presidente de la organización sin fines de lucro Familias Contra los Mínimos Obligatorios (FAMM, por sus siglas en inglés) rechazó el proyecto y aseguró que no cree que sea probable que se convierta en ley, debido a las respuestas negativas que ha recibido.
«Parece sacado de un libro de ciencia ficción o una historia de terror», dijo Ring a Insider. «Es solo este tipo de idea que tenemos esta clase de subhumanos cuyas partes del cuerpo [vamos] a recolectar porque no son como nosotros o porque están tan desesperados por la libertad que estarían dispuestos a hacer esto», agregó.
