Santo Domingo. – Un informe de la Cámara de Cuentas reveló que la entrega de varios millones de pesos en el año 2020 a Héctor Acosta “El Torito” por parte del Gabinete de Política Social, fue totalmente ilegal, debido a su calidad de senador, acción que viola la Ley de Compras.
El reporte dado a conocer por el organismo fiscalizador señaló que en ese proceso fueron cometidos múltiples irregularidades, en el cual más de 55 millones de pesos habían sido repartidos.
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El también merenguero recibió dos millones, y de acuerdo con el artículo 14 de la ley 340-16 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, El Torito tiene prohibido ser contratista del Estado debido a su condición de senador de la provincia Monseñor Nouel.
“No podrán ser oferentes ni contratar con el Estado las siguientes personas: el presidente y vicepresidente de la República; los secretarios y subsecretarios de Estado; los senadores y diputados del Congreso de la República; los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, de los demás tribunales del orden judicial, de la Cámara de Cuentas y de la Junta Central Electoral; los síndicos y regidores de los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional; el contralor general de la República y el Subcontralor; el director de Presupuesto y Subdirector; el director nacional de Planificación y el Subdirector; el procurador general de la República y los demás miembros del Ministerio Público; el tesorero nacional y el subtesorero y demás funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía”, detalla la pieza legislativa.
El informe
Cámara de Cuentas puntualizó que su consultora jurídica le envió una comunicación al Gabinete, en fecha del 24 de junio del pasado año, en donde le indicaba que esa contratación fue “una inobservancia” del texto legislativo.
Se recuerda que, en diciembre del año 2020 el Gabinete Social, como una medida para apoyar a ese sector tras el azote de la pandemia de la COVID-19 en el país, dispuso “la contratación” de 67 artistas a los cuales se le entregaría unos 100 millones de pesos, repartidos entre todos bajo el mote de “pagos adelantados para fiestas futuras”, las cuales se transmitirían en canales de televisión y plataformas digitales.
Al revelar los resultados de la investigación, la Cámara de Cuentas recomendó al coordinador general le corresponde, a través de sus funcionarios competentes asegurar que se observen las disposiciones legales al momento de contratar con personas que están dentro de las prohibiciones con el Estado, tal como lo indica el artículo 14, de la Ley n.° 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
