Costa Rica. – Al menos 208 periodistas salieron de Nicaragua y terminaron exiliados desde el 2018, en el contexto de la crisis social y política en la nación centroamericana, informó Guillermo Medrano, director de la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).
Medrano reconoció que es «una estadística grande» para un país como Nicaragua «donde la nómina de periodistas activos no sobrepasa los 500».
«Ya hay 208 periodistas en el exilio y eso significa una situación catastrófica para la prensa independiente en Nicaragua, porque los oficialistas siguen en Nicaragua», dijo Medrano.
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El gobierno del presidente Daniel Ortega no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, ha tildado a los periodistas críticos a su gestión de «chachalacas» que «mienten» para desestabilizar su gobierno y los ha acusado de «inventar cualquier cosa para sembrar el terror».
Además, dijo que los periodistas son «malignos», «hipócritas», «destructores», «criminales» y «terroristas de la comunicación».
La mayoría de los periodistas de Nicaragua exiliados viven en Costa Rica, Estados Unidos y España.
Uno de muchos testimonios
Ricardo Borge salió de Nicaragua el 20 de mayo luego de que oficiales de la Policía Nacional llegaran a buscarlo a su casa ubicada en Nandaime, una ciudad ubicada al sur de Managua.
Borge, quien ejercía su profesión como periodista en Nicaragua, temía correr el destino del comunicador Víctor Ticay, apresado por el gobierno de Daniel Ortega por cubrir un evento religioso en la misma ciudad donde vive, Nandaime.
“Hace dos meses tuve que salir de manera forzada de mi país porque mis familiares estaban con la incertidumbre por mi integridad física por mi labor de informar y por tener una postura crítica”, dice Borge a la Voz de América.
El periodista se suma a la larga lista de reporteros que han salido de Nicaragua desde el inicio de las protestas contra el presidente Daniel Ortega en el año 2018, las cuales fueron reprimidas con violencia dejando más de 300 muertos, según organismos de derechos humanos.
